A medida que se acerca el final del mandato del presidente Mario Abdo Benítez, estallan casos que dejan una pobre imagen del país en el exterior. Informes recientes sobre la cantidad de drogas, provenientes de Paraguay, incautadas en el extranjero y el aumento de la criminalidad, reflejados en la prensa internacional, afectan la reputación de Paraguay como un puerto de salida de grandes cantidades de estupefacientes y dejan en evidencia el fracaso del gobierno saliente en materia de seguridad y el combate al crimen organizado.
La semana pasada Paraguay se ha visto envuelto nuevamente en una historia de toneladas de drogas enviadas desde su territorio hacia puertos del continente europeo. A pesar de la implementación de tecnología de vanguardia, como los escáneres de Rayos X, la corrupción de los funcionarios responsables de los controles, hace que el tráfico ilegal siga fluyendo tranquilamente.
Los últimos casos de drogas incautadas en el extranjero han generado una imagen negativa para Paraguay. Desde Bélgica hasta Alemania, Países Bajos y España, los informes muestran un flujo constante de cargamentos provenientes de puertos paraguayos. En total, desde 2020, se han decomisado 68 toneladas de drogas reexportadas desde Paraguay durante la administración de Abdo Benítez. Esto plantea un desafío urgente para el próximo gobierno, ya que deberá demostrar un verdadero cambio en la lucha contra el narcotráfico y reducir estas preocupantes estadísticas.
El sitio web Insightcrime, en un artículo titulado «¿Prisión preventiva favorece el crimen organizado en Paraguay?», publicó un análisis con datos sobre el abuso de la prisión preventiva en el país y cómo esto impacta en el aumento de la inseguridad y el afianzamiento de las organizaciones delictivas transnacionales.
Según la publicación, Paraguay lidera la región en cuanto a la proporción de personas encarceladas que aún están esperando una sentencia. El abuso de la prisión preventiva ha llevado a que dos tercios de los presos en el país se encuentren en esta situación, lo que facilita la incorporación de nuevos miembros a los grupos criminales. Esta práctica no solo ha fracasado en contener la delincuencia, sino que también puede estar favoreciendo el aumento de la inseguridad.
La situación se agrava en zonas como Alto Paraná, donde una reciente ola de violencia ha llevado al cambio del jefe de Policía. Estos «cambios» habitualmente se reducen a un traslado del funcionario cuestionado y se convierten en una suerte de paliativo para la comunidad afectada por la inseguridad, pero nunca hay una investigación ni búsqueda para solucionar el problema de fondo.
El aumento de los robos y hurtos en el país refleja la falta de respuestas efectivas para enfrentar la criminalidad. La ciudadanía demanda soluciones concretas y un cambio en las políticas de seguridad.
Una realidad en el país es el fortalecimiento de las organizaciones delictivas transnacionales. Las cárceles se han convertido en el imperio de estas organizaciones. Ejemplos como el Clan Rotela y el Primer Comando de la Capital (PCC) demuestran cómo estos grupos se aprovechan de las cárceles superpobladas para expandir sus actividades delictivas.
Considerando estas realidades, el gobierno saliente de Mario Abdo Benítez deja un panorama preocupante en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, la inseguridad y el crimen organizado en Paraguay. Estos desafíos requieren respuestas efectivas por parte del próximo gobierno para mejorar la imagen del país y proteger a la ciudadanía.
