El gobierno socialista del chileno Gabriel Boric ha constituido días atrás su «Comisión contra la Desinformación» y desde diversos organismos y entidades, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa, se advirtió que la misma y sus objetivos pueden configurar «una nueva forma de censura». En Paraguay, grupos de «chequeadores de noticias» impulsan también la «lógica» de una «única verdad informativa».
El organismo «contra la desinformación» tiene por propósito “asesorar al ministro o ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al ministro o ministra secretario(a) general de Gobierno, en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile”, según se lee en la información oficial que el gobierno chileno difundió tras el inicio de las reuniones. La comisión está integradas por nueve «expertos» de raigambre académica y de organizaciones de la sociedad civil quienes deberán producir para el próximo mes un primer informe sobre la «realidad» de la desinformación en Chile. Al iniciar sus actividades, los comisionados mencionaron que el alcance de la comisión serpa el “estudio y análisis del fenómeno de la desinformación en plataformas digitales, excluyendo del análisis los medios de prensa”.
«LA TENTACION DE LA CENSURA»
Esta última referencia a la exclusión de los medios de prensa en el alcance de la actividad de la comisión parece responder a las mayores críticas que han sobrevenido tras la adopción del decreto presidencial. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mencionó su preocupación por esta comisión creada diciendo que «se podría caer en la tentación de instaurar mecanismos de censura».
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, opinó que «más allá de lo loable que puedan parecer los objetivos, debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información, expresión, medios o periodismo». Greenspon dijo también que «las comisiones, los observatorios u otras formas gubernamentales de vigilancia siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa».
Por su parte, el Centro de Estudios Públicos (CEP) de Chile, ademas de resaltar las críticas sobre la posible actividad censora que pudiera arrastrar la existencia de la comisión, expresó que «existe un problema en el diagnóstico que impulsa su creación: la idea de que una parte importante de la población es susceptible a la manipulación de sus preferencias políticas».
el CEP expresa además que «la creación de la comisión parece estar basada en el temor hacia el papel de los medios de comunicación tradicionales en la propagación de desinformación. Sin embargo, para abordar esta preocupación, como lo sugiere la Sociedad Interamericana de Prensa, sería más sensato que el gobierno incentive medidas de apoyo al periodismo, a los medios, a la academia y a la sociedad civil en lugar de involucrarse directamente mediante una comisión».
La creacióin de esta Comisión en Chile es parte de una tendencia que en la región está arreciando peligrosamente poniendo en vilo a la libertad de expresión bajo el pretexto de «controlar» o «combatir» la desinformación y los «discursos de odio». Tanto en Argentina como en Brasil ya se han propiciado también mecanismos e instituciones provenientes del sector gubernamental que buscan la «regulación» de las redes sociales, con propuestas que eufemísticamente buscan proteger la información pero en realidad tienen mucho de censura y manejo «uniforme» y «oficial» de la información.
LA TENDENCIA DE LOS «CHEQUEADORES DE LA VERDAD»
Muchos de los «fact checkers» (chequeadores de noticias) que han surgido de la mano de grupos ideológicos o de organizaciones de la sociedad civil han venido dando el respaldo y contexto a estas políticas públicas evidenciando una real intención de controlar el discurso público y evitando que voces disidentes o disonantes sean permitidas en redes sociales. En Paraguay, aunque no hay proyectos normativos específicos al respecto, varias ONGs y grupos vienen promoviendo la adopcion de medidas similares mediante el activismo política disfrazado de «chequeo de noticias».
