JUEZ Y PARTE, EN EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (VII)
En un sorprendente escándalo que ha sacudido al Banco Central del Paraguay (BCP), se reveló que su actual presidente José Cantero Sienra habría actuado como juez y parte en irregularidades cometidas por una entidad financiera del país. Los principales involucrados, se llamaron a un pacto de silencio, pese a las fuertes críticas y las reacciones en el sector financiero.
Este caso puso en evidencia un presunto uso indebido de poder y de información privilegiada dentro de la máxima institución bancaria de la República. La Tribuna ha llevado a cabo una exhaustiva investigación para informar a sus lectores sobre este hecho, que implica al funcionario Cantero Sienra, y plantea serias dudas sobre la integridad y la imparcialidad de las autoridades financieras paraguayas.
El caso gira en torno a la actuación de José Cantero Sienra, quien previamente se desempeñaba como gerente general del Banco Interfisa, que posteriormente fue sancionada por el BCP por graves irregularidades, según la resolución a la que nuestro diario tuvo acceso.
Lo más alarmante es que el propio BCP firmó un acto administrativo que exoneraba a Cantero Sienra de cualquier responsabilidad durante su periodo como gerente de la entidad sancionada, lo cual plantea serias dudas sobre la imparcialidad en el proceso de investigación.
Omisión de la Superintendencia
Es relevante destacar que también la Superintendencia de Bancos, a cargo de Hernán Colmán, omitió investigar a Cantero Sienra, como gerente de la entidad sumaria, a pesar de que las irregularidades investigadas se habrían registrado durante su administración.
Se estima que se ocultaron pérdidas cercanas a los 100 mil millones de guaraníes, desde al menos 2016, periodo en el que Cantero Sienra estaba como gerente general de Interfisa. El hecho de que Cantero Sienra no se haya inhibido del expediente que lo involucraba y que haya sido su propio árbitro en el proceso de blanqueo de responsabilidades agrava aún más el conflicto de intereses en este caso.
La entidad financiera sumariada incurrió en serias irregularidades al no reconocer las pérdidas ocultas desde 2016, lo cual distorsionó los balances y los resultados de la institución. La nueva administración del banco privado se vio obligada a asumir la multa y otros cargos derivados de estas irregularidades, a pesar de desconocer los detalles del sumario en cuestión.
El presidente del BCP, José Cantero Sienra, había renunciado como gerente de Interfisa en 2017 y pasó a formar parte del directorio del BCP, asumiendo la presidencia en 2018. Sin embargo, recién en 2022 la Superintendencia de Bancos inició el sumario, excluyendo la gestión de Cantero Sienra y eximiéndolo así de cualquier pena o culpa.
El sumario al Banco Interfisa finalizó con la sanción del banco y de ocho ex directivos, entre ellos el futuro canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano y el ex miembro del Directorio del BCP Rafael Lara. Lo llamativo es que se detectaron malas prácticas contables que habrían iniciado en la época en que Cantero se desempeñaba como gerente general del banco citado, desde finales del año 2016.
La Tribuna ha emprendido una serie de investigaciones para aclarar este caso, el cual implica un presunto prevaricato y auto blanqueo por parte del directorio del Banco Central del Paraguay. Este escándalo no solo se trata de un maquillaje contable planificado que generó resultados ficticios, sino también de un intento de impunidad para uno de los responsables.
El manejo discrecional de la información y la falta de transparencia en este caso plantean serias preocupaciones sobre la integridad del Banco Central del Paraguay y su capacidad para salvaguardar los intereses financieros del país.
Un ascenso como premio
Fuentes de la Tribuna señalaron que Julio Cristaldo, jefe de inspección que tenía a su cargo la fiscalización de Interfisa, recibió luego un ascenso, que alegan fue dado como premio por la exclusión del presidente del BCP.
El escándalo ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y ha suscitado llamados a una investigación exhaustiva e imparcial para determinar las responsabilidades y sancionar a los implicados.
Además de las implicaciones éticas y legales de este escándalo, es importante destacar las posibles consecuencias económicas. La falta de supervisión efectiva y el uso indebido de información privilegiada pueden afectar la estabilidad financiera y minar la confianza de los inversionistas y los actores del mercado. Esto podría tener un impacto negativo en el flujo de capital, la inversión y el crecimiento económico del país. Es uno de los temas que debería llamar la atención a los miembros del equipo de transición del próximo gobierno, que supuestamente ya está trabajando con las autoridades actuales, para una transición de mandato ordenada.
