El Poder Ejecutivo da instrucciones a instituciones públicas para preparar presupuesto y establece prioridades. Deben preparar sus proyectos de gastos para el próximo año y deben priorizar salud, educación, seguridad, protección social e inversiones en infraestructura.
Todo el contenido de las instrucciones se encuentran en el Decreto N.º 3813/2025, que establece los lineamientos para la programación, formulación y presentación de los Anteproyectos de Presupuestos para el ejercicio fiscal 2026, incluyendo el Presupuesto Plurianual 2026–2028.
El Decreto introduce medidas claras de racionalización del gasto público. Establece que no podrán incorporarse incrementos salariales, salvo aquellos vinculados al salario mínimo legal.
También establece que se aplicarán criterios estrictos para la creación o modificación de cargos, especialmente en el caso de docentes y personal de seguridad.
El Decreto prohíbe la inclusión de gastos superfluos como souvenirs, arreglos florales, catering institucional, agasajos, celebraciones y similares, priorizando exclusivamente aquellos que sean esenciales para el cumplimiento de los fines misionales.
Entre los lineamientos también se contemplan directrices específicas para la programación de inversiones públicas, inclusión de proyectos con código SNIP vigente, y la vinculación de los recursos del crédito público, con cronogramas de ejecución realistas y sostenibles.
Poder Ejecutivo da instrucciones: Respetar meta fiscal
En el 2026 se enfatiza aún más la articulación entre los objetivos estratégicos, bienes y servicios a proveer y el impacto esperado, según el documento.
En este sentido, se destaca la necesidad de que el gasto público esté alineado con la capacidad real de financiamiento, respetando las metas de déficit fiscal y promoviendo medidas de racionalización, para lo cual las instituciones deberán optimizar sus recursos y evitar duplicidades.
Uso de evidencia para programación razonable
Todas las instituciones públicas deberán priorizar la eficiencia en la asignación de recursos, revisión de inventarios, coordinación interinstitucional y el uso de evidencia para una programación razonable, incorporando así una revisión más exhaustiva de compromisos previos, remanentes no ejecutados y obligaciones plurianuales.
