La Fiscalía ratificó el sobreseimiento de acusado de abuso intrafamiliar, pese a la existencia de abundante evidencia documental, pericial y testimonial, el Ministerio Público volvió a desestimar la posibilidad de avanzar hacia un juicio oral y público en un caso que ha sorprendido por su gravedad.
La fiscal adjunta Gilda Villalba Tottil ratificó el pedido de sobreseimiento provisional del hijo de exdirigentes del Partido Liberal, acusado de haber abusado sexualmente de su propio hijo.
Esta determinación generó indignación tanto en el entorno familiar de la víctima como en su representante legal, quienes, al no encontrar fundamentos jurídicos razonables en la actuación de la fiscalía, anunciaron que se reservan el derecho de presentar denuncias formales ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Madre buscará postergada justicia en el caso de abuso intrafamiliar
La madre del niño, quien lleva adelante una incansable lucha por obtener justicia, se mostró consternada por una decisión que ignora las pruebas reunidas durante la investigación penal.
El expediente contiene elementos que, según fuentes del entorno del caso, son suficientes, no sólo para fundar una acusación, sino para que la causa sea debatida en el marco del juicio oral y público, tal como exige la legislación en casos de esta naturaleza.
El Juzgado Penal de Garantías fijó la audiencia preliminar para el 23 de mayo de 2025, fecha en que se espera que el caso reciba un tratamiento más acorde con los hechos y con el derecho procesal.
La madre de la víctima sostuvo que no cesará en su reclamo hasta que los responsables rindan cuentas ante la Justicia.
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Postergar indefinidamente el juicio
La preocupación del entorno familiar radica también en la posibilidad de que el sobreseimiento provisional, una figura que suspende temporalmente el avance del proceso, sirva como herramienta de impunidad, al postergar indefinidamente el juzgamiento del acusado.
Durante el desarrollo de la investigación, se han producido informes psicológicos y médicos que refuerzan la credibilidad del testimonio del niño, así como pericias técnicas sobre dispositivos electrónicos y declaraciones bajo anticipo jurisdiccional de prueba.
Todos estos elementos fueron acercados al Ministerio Público, que, lejos de presentar una acusación, insistió con cerrar temporalmente la causa, dando argumentos que, para los querellantes, contradicen la obligación legal de actuar con objetividad y con respeto al principio de interés superior del niño.
Elementos irrefutables
El abogado de la familia declaró que existen elementos jurídicos y fácticos que permiten sostener una acusación formal, pero que la fiscalía, en su lugar, parece alinearse con la estrategia de la defensa, que apunta a extender los plazos y generar un desgaste en las víctimas. Esta situación, según expresó, configura una desviación grave de los deberes funcionales y podría derivar en responsabilidades administrativas y penales para quienes resulten responsables.
En este contexto, la familia aguarda que el Juzgado Penal de Garantías rechace el pedido de sobreseimiento y remita la causa a juicio, instancia en la que la defensa podrá ejercer su derecho a contradecir las pruebas, pero sin impedir que se escuche públicamente la voz de la víctima. Para los querellantes, permitir que este caso quede sin juzgamiento sería un retroceso inadmisible en la lucha contra los abuso intrafamiliar a menores.
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