La campaña agrícola 2024/2025 en Paraguay comenzó atravesando uno de los contextos más complejos de los últimos años, influido de forma directa por la prolongada sequía, que afectó el desarrollo de cultivos de primera y mantiene un horizonte incierto para los cultivos de segunda (zafiña), así como para las producciones alternativas.
Esta situación ha puesto en jaque a miles de productores nacionales, quienes se ven forzados a cumplir con compromisos financieros en medio de una realidad de producción comprometida, con menores márgenes de maniobra.
Desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP) señalaron que en este escenario el desarrollo de mecanismos de financiamiento adecuados se vuelve esencial para sostener la baja campaña agrícola, no solo para enfrentar la coyuntura inmediata, sino también para sostener la estructura productiva que da vida al país y lo posiciona como referente regional en materia de exportación agropecuaria.
“El acceso a soluciones financieras adecuadas representa un paso crucial para incluir plenamente en el sistema productivo a quienes alimentan al país y al mundo”, manifestaron los voceros de la organización.
Altas tasas y trámites complejos frenan la inversión en el campo
Pese a los esfuerzos realizados en la campaña agrícola 2024 – 2025, el acceso a herramientas de financiamiento sigue siendo restringido por problemas estructurales, que van desde tasas de interés elevadas, trámites burocráticos excesivos, la exigencia de garantías que muchos no pueden ofrecer, hasta el bajo nivel de formación financiera en sectores del interior del país.
Este cúmulo de barreras continúa limitando la capacidad de inversión, modernización y proyección a largo plazo de gran parte del rubro agrícola y ganadero.
A pesar del complicado panorama, la cartera de créditos para el sector agrícola alcanzó G. 30,3 billones en 2024, siendo este el sector con mayor participación, representando el 17,7 % del total, mientras que la morosidad descendió al 1,1 %, lo que refleja el compromiso del sector con sus obligaciones.
En paralelo, el sector ganadero registró préstamos por G. 13,8 billones, con una morosidad situada en 1,4 %, cifras que demuestran que, incluso bajo presión, el campo paraguayo respondió con disciplina financiera.
Medidas adoptadas por el Estado en la crisis de la campaña agrícola
Conscientes de la dimensión del problema, las autoridades monetarias y financieras del país dieron pasos importantes para contener el impacto sobre el sector.
A finales de enero, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció un paquete de medidas transitorias, orientadas a facilitar la renovación, refinanciación y reestructuración de préstamos vigentes, sin afectar la calificación crediticia de los beneficiarios.
Esta disposición fue valorada como un respiro momentáneo para aquellos productores más comprometidos por los efectos del clima.
A esta medida se sumó la implementación de un programa especial por parte de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), destinado a renegociar deudas agropecuarias con condiciones más flexibles.
El esquema establece un tope de financiamiento de hasta USD 500.000 por prestatario final, con un plazo de repago de hasta siete años y un período de gracia de hasta un año.
Este plan estará disponible hasta el 31 de julio de 2025, y los productores interesados podrán acceder mediante las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) habilitadas por la AFD.
Para ser beneficiarios, los postulantes no deben registrar operaciones vencidas por más de 60 días al 31 de diciembre de 2024, lo que garantiza que los recursos lleguen a productores en situación delicada, pero con posibilidades de recuperación si se les da el tiempo y el respaldo necesarios.
El rol del Estado y los gremios ante una nueva etapa de desafíos
El compromiso institucional para sostener la producción agropecuaria en medio de condiciones climáticas adversas se ha vuelto un eje central de debate. Mientras los gremios productivos insisten en la necesidad de eliminar barreras históricas para el financiamiento, también se plantea la urgencia de repensar las políticas de asistencia rural, adecuándolas a una realidad cambiante en la que los riesgos climáticos, los precios internacionales y las tensiones logísticas forman parte del día a día del productor paraguayo.
En este contexto, la articulación entre el sector público y el privado adquiere una dimensión crítica, ya que la sostenibilidad del agro paraguayo depende de decisiones estratégicas tomadas en tiempo oportuno, que respondan con agilidad a los desafíos que impone el clima y la economía global. La sequía no solo secó los campos, sino que puso a prueba la resistencia de un sector que históricamente fue el motor de crecimiento del país.
El futuro de la campaña 2024/2025 todavía está en incierto. La capacidad de los productores, junto con el acompañamiento financiero adecuado, marcará si el campo logra sostener su fuerza o si el peso de las deudas y la falta de agua termina dejando huellas duraderas en las próximas campañas.
