Una nueva trama de posible estafa masiva por pagarés sacude al Instituto de Previsión Social (IPS), dejando a su paso a decenas de jubilados y funcionarios activos con embargos judiciales que, según denuncias, no deberían existir.
El epicentro del conflicto se ubicó en la Asociación de Funcionarios y Asociados del IPS (FIPSA), una entidad que operó durante más de cinco décadas ofreciendo préstamos de bajo monto, pero que ahora enfrenta un aluvión de acusaciones por un supuesto esquema fraudulento vinculado a la duplicación de pagarés y el incumplimiento de pagos a entidades financieras, una preocupación ya que hay indicios de estafa en la asociación del IPS.
Cerca de mil afectados por estafa con pagarés en IPS
El secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros del IPS, Humberto Araújo, reveló el esquema utilizado para ejecutar la operación que hoy compromete a más de mil trabajadores y jubilados y es de la siguiente manera.
Los afiliados, tras presentar documentos básicos como su boleta de liquidación y cédula de identidad, accedían a créditos que iban desde uno hasta cinco millones de guaraníes.
La mecánica exigía la firma de un pagaré en la asociación y otro en la entidad financiera donde se efectivizaba el préstamo.
Posteriormente, el sistema descontaba automáticamente los montos del salario del solicitante y los enviaba a FIPSA, quien se encargaba de transferirlos a las casas de crédito.
El conflicto surgió cuando, tras la finalización del pago por descuento directo, comenzaron a aparecer embargos judiciales contra los mismos solicitantes.
En efecto, las financieras no obtuvieron el dinero que FIPSA debía enviarles, aunque los montos ya habían sido retirados del salario de los beneficiarios.
Esta omisión, según las denuncias, activó ejecuciones de pagarés firmados en paralelo y ya abonados en su totalidad por los funcionarios.
El caso tomó una dimensión aún más delicada cuando las denuncias se elevaron ante la Fiscalía, sin que hasta ahora se designe un agente fiscal responsable, lo que alimentó la sospecha de un entramado mayor vinculado a las mafias de los pagarés.
De acuerdo con Araújo, el abogado Paolo Castañeira representa a los afectados en más de 80 denuncias ya presentadas ante el Ministerio Público. No obstante, la falta de avances mantiene a los damnificados en un estado de indefensión, mientras continúan los descuentos judiciales.
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Relato de un afectado
Uno de los testimonios más ilustrativos es el de Jorge Vallejo, funcionario afectado que accedió a tres préstamos desde 2014, por un total de cinco millones de guaraníes.
Aunque él pagó mediante descuento automático, el organismo de crédito (o el juzgado) le reclama una deuda que, con intereses judiciales, ya supera los trece millones, y continúa reteniendo parte de su salario sin dar una solución.
El relato de los afectados muestra un patrón sistemático: FIPSA habría incumplido su función de intermediaria al no transferir los pagos descontados a las financieras, generando un perjuicio doble al trabajador, que ve ejecutado un pagaré pese a haber cumplido sus obligaciones.
Lo que aparentemente constituía un servicio solidario entre compañeros acabó exponiendo un mecanismo de desvío de recursos, cuyos verdaderos responsables todavía no enfrentan un proceso judicial.
Los denunciantes exigieron celeridad en el tratamiento del caso, la identificación de los responsables y la nulidad inmediata de los embargos judiciales en curso.
Además, reclamaron que se analice con seriedad el posible vínculo de este esquema con organizaciones delictivas que operan a través de pagarés firmados en duplicidad o con dolo, práctica que ya fue detectada en otros sectores estatales en años anteriores.
Los denunciantes reclaman la falta de control sobre entidades asociativas dentro del IPS, y la fragilidad de los mecanismos judiciales y administrativos ante situaciones de estafa organizada, donde cientos de trabajadores quedan atrapados sin asistencia efectiva.
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