El Colegio de Abogados del Paraguay manifestó su oposición al proyecto de ley que regula honorarios para defensores públicos, sancionado recientemente por el Congreso Nacional. Sostuvo que sería perjudicial para el propio Estado. El gremio pidió este martes al presidente, Santiago Peña, vetar el proyecto.
“Permitir que los defensores públicos regulen honorarios y se perciba estos emolumentos con cargo a bienes incautados en estos procesos puede derivar en una transferencia indirecta de recursos que, por mandato legal, están destinados al resarcimiento del Estado y al fortalecimiento de sus instituciones», expresa un comunicado del gremio.
El documento está firmado por el presidente del gremio, Arturo Daniel Sabe, y Leticia Prono Zelaya, secretaria. A través de esta autoridad, el gremio remitió una nota al presidente Peña para que analice las objeciones y vete el proyecto.
«Se correría el riesgo de que el mismo Estado paraguayo -que ya financia íntegramente el funcionamiento del Ministerio de la Defensa Pública- termine siendo nuevamente perjudicado mediante la liquidación de activos que deberían tener fines de interés general, y no como fuente de una remuneración impropia que contradice la naturaleza del servicio público de defensa técnica gratuita, por más que el fin sea aumentar el patrimonio del Ministerio de la Defensa Pública”, dice el documento del citado gremio.
Según explica la nota al presidente Peña, no está previsto que el Estado recaude a través del Ministerio de la Defensa Pública y tampoco que de los honorarios profesionales de los defensores se tenga que deducir el IVA, pues ellos, de hecho, son funcionarios del Estado.
Colegio de Abogados pidió ver los errores
También expone que, según el proyecto aprobado, el Ministerio de la Defensa Pública recibirá los beneficios y resulta inadecuado equiparar lo que hace este Ministerio con los abogados particulares que cobran honorarios.
La nota del gremio plantea que el proyecto de ley tiene serios errores porque el que tiene que cobrar honorarios debe anotar todos los trabajos realizados para sacar las cuentas y, un defensor público, no está en esa situación para sacar las cuentas a sus supuestos clientes. Los defensores públicos están para atender a pobres y ausentes.
