El Ministerio Público activó, tras el derrumbe de un edificio en Encarnación, que cobró la vida de dos personas para plantear las acciones públicas que se realizarán a los encargados de la obra en construcción.
El fiscal Francisco Martínez, parte del equipo especial asignado por disposición de la fiscal adjunta Fabiola Molas, tomó intervención inmediata junto a los fiscales William y Rocío Valdez, quienes también integraron el grupo operativo dispuesto para abordar el caso desde sus distintas aristas técnicas y jurídicas.
Desde las primeras horas de la investigación, el equipo se trasladó hasta el municipio correspondiente para retirar el expediente administrativo del proyecto, el cual contenía los documentos relativos a la autorización, aprobación de planos y demás elementos que componen el proceso reglamentario de una obra de tal magnitud.
El edificio, de ocho pisos, excedía la cantidad autorizada inicialmente, hecho que encendió las alarmas en cuanto al cumplimiento de las normativas establecidas.
El fiscal Martínez explicó que las diligencias se concentraron en distinguir claramente las responsabilidades penales de las administrativas, conforme a los dictámenes técnicos que se aguardan del equipo de ingenieros y arquitectos forenses del Ministerio Público.
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Cadena de negligencias antes de la caída del edificio
Se consideró esencial determinar si hubo alguna conducta penalmente relevante vinculada al expediente o al proceso constructivo que derivara en el trágico desenlace.
En la línea investigativa, se enfatizó que las responsabilidades penales son estrictamente personales, y que toda la cadena de actores que participó en el proceso de autorización y ejecución de la obra será objeto de escrutinio.
Cada firma, desde la del calculista hasta la de los encargados de verificación, examinará para establecer quién validó la continuidad de una obra que, en principio, no respetó las limitaciones de su aprobación original.
La fiscalía no descartó la posible implicación de funcionarios municipales ni la eventual responsabilidad del intendente Luis Yd, si las pruebas así lo determinaran. En este punto, el fiscal trajo a colación un caso anterior donde el intendente de Luque, Carlos Echeverría, fue imputado por homicidio doloso, tras un fallecimiento atribuido a la omisión de señalización por parte del municipio.
Derrumbe de edificio: Multa
Una de las aristas que más inquietudes despertó fue la existencia de una multa impuesta a los responsables de la obra, luego de que se constatara que se estaban construyendo más pisos de los permitidos.
Esta sanción administrativa no impidió la continuación de la construcción, lo cual plantea la interrogante de si la simple aplicación de una multa podía sustituir la revisión integral del proyecto o implicar una omisión en el deber de control por parte de la municipalidad.
El fiscal Martínez reconoció que tales preguntas también forman parte de las que se hace el propio equipo investigador, pero insistió en que solo una revisión técnica objetiva permitirá establecer las responsabilidades concretas de la caída del edificio.
El Ministerio Público aguarda los informes periciales para tomar determinaciones, sin apresurarse a emitir juicios sin fundamento.
Finalmente, el fiscal reiteró que el compromiso de la institución es actuar conforme a los resultados que arroje la investigación y que no se descarta ninguna posibilidad, incluyendo a autoridades municipales que hayan firmado autorizaciones o permitido el avance de una obra al margen de lo legal.
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