El contralor general de la República, Camilo Benítez, expresó su preocupación por la necesidad de reformar el sistema de financiamiento político en el país, destacando que el actual esquema presenta debilidades estructurales que podrían estar facilitando la incursión de fondos de origen dudoso en las campañas electorales.
En conversación con la 970 AM, detalló que el debate sobre una posible modificación legislativa aún se encuentra en una etapa inicial, pero que su implementación resultaría fundamental para garantizar la transparencia y el control en el uso de recursos destinados a la actividad política.
Resurge debate sobre financiamiento político
Si bien la Contraloría General de la República no impulsa directamente esta iniciativa, Benítez recordó que la propuesta de un debate sobre la financiación política surgió en una cumbre de poder, en la que tanto el presidente de la República como otros altos representantes gubernamentales advirtieron sobre la infiltración de grupos informales en el ámbito político nacional. A partir de estas inquietudes, el contralor tomó la iniciativa de dialogar con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), institución que cuenta con amplia experiencia en el tema.
Según explicó Benítez, el ministro César Rossel, miembro del TSJE y referente en materia de financiamiento político, reconoció los avances que el país ha logrado en términos de control, pero señaló la existencia de vacíos normativos que requieren ajustes.
En este contexto, el contralor insistió en la necesidad de una socialización amplia del debate, involucrando a partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y a la ciudadanía en general, con el objetivo de construir consensos que permitan fortalecer los mecanismos de fiscalización del financiamiento electoral.
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Origen de los fondos de campañas
Una de las principales preocupaciones radica en el origen de los fondos que financian las campañas políticas, ya que en muchos casos existen dudas sobre su procedencia.
Se ha cuestionado, por ejemplo, el financiamiento de un expresidente por parte de un diputado, en una cifra que superaría el millón de dólares, según filtraciones recientes.
Para el contralor, este tipo de situaciones reflejan la necesidad de dotar al Estado de herramientas más eficaces para detectar y prevenir el ingreso de dinero proveniente de actividades ilícitas en la política.
En este sentido, Benítez enfatizó que ninguna forma de financiamiento ligada al crimen organizado debería tener cabida en el sistema electoral paraguayo.
Subsidios estatales
Otro punto clave de la discusión es el sistema actual de asignación de subsidios estatales a los partidos políticos, basado en la cantidad de votos obtenidos y no en los gastos reales de campaña.
Críticas señalan que este mecanismo permite que ciertos partidos reciban grandes sumas de dinero sin un control efectivo sobre su uso.
En palabras del contralor, esto genera una situación poco transparente, ya que algunas agrupaciones reportan gastos de campaña muy inferiores a los fondos que reciben, lo que podría dar lugar a manejos discrecionales de los recursos públicos.
Para mejorar el control del financiamiento político, Benítez considera que debería existir un organismo especializado en la supervisión de los gastos de campaña, ya que actualmente ni la Justicia Electoral ni la Contraloría cuentan con un esquema eficaz para este fin.
Un desafío importante es fiscalizar los recursos que los candidatos destinan a sus campañas, para evitar que la regulación sea solo un formalismo y se sigan produciendo aportes irregulares, denunciados en distintos procesos electorales.
Proceso de largo plazo para alcanzar el financiamiento político
El debate sobre estas reformas se perfila como un proceso prolongado y complejo, dado que implicaría modificaciones en la ley vigente, aprobada en 2020, la cual, según el contralor, ha demostrado ser altamente vulnerable. En ese sentido, la propuesta de reforma no solo debería incluir controles más estrictos sobre el financiamiento privado, sino también mecanismos para mejorar la rendición de cuentas de los partidos políticos que reciben aportes estatales.
Para avanzar en la discusión, se espera que el tema sea abordado en el Consejo Nacional Anticorrupción, cuya reunión está prevista para julio. La idea es que, tras un proceso de deliberación exhaustivo, se pueda elaborar una propuesta legislativa que refuerce el control sobre el origen y uso de los fondos destinados a la política. Sin embargo, Benítez advirtió que cualquier eventual reforma no podría aplicarse en las elecciones municipales, sino recién en las elecciones generales de 2028.
El contralor reconoció que la resistencia de algunos sectores políticos podría dificultar la implementación de estos cambios, ya que muchos dirigentes no estarían dispuestos a someterse a controles más rigurosos sobre sus fuentes de financiamiento. Sin embargo, enfatizó que la transparencia en la política es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, y que conocer quién financia a cada candidato es un derecho de la ciudadanía.
Finalmente, Benítez resaltó la importancia de que este debate se desarrolle con amplitud y rigor técnico, evitando apresuramientos y garantizando que la nueva normativa contemple medidas efectivas para evitar la incursión de dinero ilegal en la política paraguaya.
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