La justicia militar intervino este lunes en el Colegio Militar de Suboficiales del Ejército (COMISOE), en Encarnación, tras recibir informes sobre supuestos casos de abuso de autoridad dentro de la institución castrense de Itapúa.
La acción responde a denuncias preliminares que indican la posible existencia de castigos físicos y agresiones hacia los estudiantes, una práctica prohibida dentro de las Fuerzas Armadas.
Rápido actuar de la Justicia Militar en caso de abuso
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó en la 1020 AM, la intervención y señaló que la justicia militar ya se encuentra en el lugar, encabezada por el presidente de la Corte Militar, con el objetivo de esclarecer los hechos de supuesto abuso y aplicar sanciones a los responsables.
Aclaró que aún no se dispone de datos concretos sobre la cantidad de víctimas ni la magnitud de los abusos, pero subrayó que la reacción fue inmediata para evitar que estos hechos continúen.
El funcionario del Poder Ejecutivo, explicó que existen dos tipos principales de maltratos dentro de estas instituciones.
Por un lado, alumnos más antiguos cometen abusos contra los nuevos, en una práctica de violencia jerárquica que muchos países han erradicado, pero que sigue generando preocupación en Paraguay.
Además, los casos de instructores o autoridades que someten a los estudiantes a castigos físicos o tratos degradantes. En este último escenario, González advirtió que la sanción es aún más severa, ya que el oficial encargado de velar por la disciplina y la seguridad de los estudiantes no puede ser el que incurra en abusos.
Si se confirma que instructores o superiores son responsables, el Código Penal Militar contempla castigarlos con hasta un año de prisión y expulsarlos deshonrosamente de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los acusados también tendrán derecho a defenderse en el proceso, bajo las garantías del Código Procesal Penal Militar.
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Miembros de la Corte Militar
La comitiva que se trasladó al COMISOE está integrada por el presidente de la Corte Militar, una jueza y una fiscal, quienes se encargarán de reunir las pruebas necesarias para que la investigación se ajuste a derecho. El objetivo es garantizar un proceso riguroso que pueda sostenerse incluso en caso de apelaciones en el fuero ordinario.
Las denuncias sobre abusos en institutos de formación militar han generado preocupación en la sociedad, y el gobierno busca dar señales claras de que no tolerará este tipo de prácticas dentro de las Fuerzas Armadas. La justicia militar continuará con las diligencias en el COMISOE para determinar responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares a quienes resulten culpables.
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