Las inversiones en el sistema eléctrico nacional presentan un atraso preocupante, según el último informe del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE). La falta de ejecución de las obras planificadas genera un desfasaje crítico entre la demanda de energía y la capacidad de transmisión y distribución, lo que compromete la confiabilidad del suministro.
Al respecto, el vicepresidente del IPPSE, Guillermo Brauch, explicó en la 970 AM, que el plan de inversiones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) proyectaba ejecutar aproximadamente 600 millones de dólares anuales, pero en promedio solo se concretaron 300 millones.
Esta situación genera un efecto acumulativo, ya que las obras no realizadas deben sumarse a los siguientes planes maestros, lo que aumenta la presión financiera y eleva el costo de recuperación.
Entre 2021 y 2024, el plan maestro de la ANDE preveía una inversión total de 1.187 millones de dólares, lo que representaba un promedio anual de 297 millones. Sin embargo, solo se ejecutaron 551 millones, es decir, apenas 138 millones por año. Esto significa que para el período 2025-2030, se necesitará invertir 2.442 millones de dólares, un promedio de 407 millones anuales, lo que representa un desafío creciente.
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Impacto del retraso y financiamiento en obras del sistema eléctrico
El déficit en inversiones no solo retrasa la modernización del sistema eléctrico, sino que también genera dificultades en la atención de la creciente demanda. Brauch advirtió que, mientras las necesidades de energía aumentan por el crecimiento industrial, comercial y residencial, la infraestructura no avanza al mismo ritmo, lo que puede derivar en problemas de suministro y calidad del servicio.
La financiación de estas obras se realiza mediante diversas fuentes, incluyendo inversión pública, préstamos de la banca multilateral, emisión de bonos soberanos y mecanismos de leasing operativo. Este último ha sido señalado como un método más ágil, ya que permite a privados financiar y ejecutar los proyectos, mientras la ANDE reembolsa los costos en un plazo de 10 años. Sin embargo, el desafío radica en que las infraestructuras eléctricas tienen una vida útil de más de 30 años, por lo que es necesario revisar los plazos de pago.
Otra opción que se ha discutido es la posibilidad de utilizar fondos provenientes de Itaipú, en el marco de la renegociación del Anexo C del Tratado, aunque esta medida dependería de acuerdos binacionales. Brauch mencionó que la ANDE ya recibe alrededor de 40 a 50 millones de dólares anuales por supervisión de contrato, pero esta cifra es insuficiente frente a las necesidades de inversión.
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Pérdidas y la necesidad de mayor eficiencia
El informe también resalta que las pérdidas en el sistema eléctrico paraguayo rondan el 25%, mientras que en países como Brasil el nivel oscila entre el 17% y 19%. Reducir esta brecha requiere nuevas inversiones en infraestructura y modernización del sistema de distribución, con el fin de minimizar fugas y mejorar la eficiencia.
Ante este panorama, la necesidad de acelerar las inversiones es urgente. Si el ritmo de ejecución no se incrementa, el país corre el riesgo de enfrentar una crisis energética que afectará tanto a industrias como a consumidores residenciales.
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