Empresarios y productores reclaman el fin de la impunidad y reformas urgentes en el sistema judicial. Advierten que la corrupción y la inseguridad jurídica ponen en riesgo la economía.
Preocupación por la impunidad y la seguridad jurídica
La Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) mostró su preocupación tras la revelación de los chats de Lalo Gomes, que implican a magistrados, jueces y fiscales.
La institución destacó que estos hechos deterioran la confianza de los ciudadanos y potenciales inversionistas. Además, la ASOBAN instó a las autoridades a investigar de manera urgente estas irregularidades para garantizar la transparencia en las instituciones del país.
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La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC) también expresó su preocupación por el impacto de la impunidad en el sistema judicial.
La entidad destacó que la falta de sanciones socava la confianza en las instituciones y afecta la economía. APPEC exigió una investigación rigurosa sobre el caso del exdiputado Orlando Arévalo y su rol en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La asociación insistió en que el país necesita un sistema judicial transparente e independiente para garantizar el desarrollo.
Gremios llaman a un Poder Judicial Independiente
La Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB) por su parte, manifestó su rechazo a las irregularidades en el sistema judicial. El gremio resaltó que el debilitamiento del Estado de derecho genera incertidumbre en la ciudadanía y afecta la inversión extranjera.
La CCPB solicitó a las autoridades competentes sancionar con firmeza a los responsables y garantizar la independencia del Poder Judicial.
El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) también se pronunció sobre el caso. Exigieron una investigación exhaustiva y la sanción de los responsables de manipular el sistema judicial con fines personales.
El CIP solicitó que se depuren las instituciones judiciales y que se garantice la independencia de jueces, fiscales y miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
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Gremios empresariales reiteraron su preocupación por la manipulación del sistema judicial y sus efectos en la economía.
La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) exigió a los tres poderes del Estado un compromiso firme contra la corrupción.
El gremio subrayó que los recientes casos de irregularidades en el sistema judicial son inaceptables y demandaron una investigación profunda sobre las implicaciones de los chats de Lalo Gomes. Aseguraron que esta situación debilita las bases de la democracia y la estabilidad económica del país.
La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) insistió en que sin justicia independiente no hay crecimiento sostenible.
El sector privado recordó que Paraguay logró avances macroeconómicos destacados, pero estos pueden verse afectados sin seguridad jurídica
Advertencias Sobre la Infiltración del Crimen Organizado
La Asociación de Profesionales de la Construcción (APROCONS) alertó sobre la influencia del crimen organizado en las instituciones. El gremio subrayó que la corrupción y la impunidad afectan el desarrollo y desmotivan la inversión en sectores clave como la construcción.
APROCONS llamó a la sociedad civil y al sector privado a unirse para exigir transparencia en la gestión pública.
Los gremios empresariales coinciden en que la crisis institucional afecta la economía y la confianza en Paraguay.
Todos exigen investigaciones imparciales, sanciones ejemplares y reformas para garantizar la independencia judicial. También advierten que la impunidad, la corrupción y la falta de seguridad jurídica ponen en riesgo el desarrollo del país.
Además, piden un compromiso real de las autoridades para fortalecer la transparencia y restaurar la confianza ciudadana e internacional en las instituciones.
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