El juez Osmar Legal remitió al Ministerio Público un informe basado en los datos extraídos del celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómes. En el escrito el magistrado solicita la designación de un fiscal para la investigación preliminar ante indicios de hechos punibles.
Según el magistrado, el contenido analizado se mencona a u diputado del Partido Colorado, dos fiscalas y una jueza de Pedro Juan Caballero.
Las conversaciones extraídas del dispositivo del legislador incluyen intercambios con el diputado cartista Orlando Arévalo, las fiscalas Katia Uemura y Stella Mary Cano, así como con la jueza Sady López. Según detalló el juez, estos diálogos, realizados a través de la aplicación WhatsApp, contienen elementos que podrían estar vinculados con hechos punibles.
Legal recordó que la extracción de datos se había ordenado el año pasado y que, como parte de sus atribuciones, revisó los contenidos hallados. Tras identificar mensajes que podrían constituir indicios de corrupción pública, decidió remitir la información a la Fiscalía para su análisis.
Carta del juez a fiscal general, desnuda corrupción
En su comunicación oficial dirigida al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, el juez Osmar Legal detalló el procedimiento llevado a cabo en el marco de la Causa Penal N° 8198/2023, que investigaba hechos relacionados con la Ley N° 1881/2002.
Según explicó el magistrado, la extracción de datos del dispositivo móvil del fallecido legislador se realizó conforme a la autorización establecida en el Auto Interlocutorio N° 469 del 5 de diciembre de 2024. La revisión del contenido reveló conversaciones mantenidas a través de la aplicación WhatsApp entre Eulalio “Lalo” Gómes y altos funcionarios del Estado, específicamente:
- Diputado Nacional Orlando Arévalo
- Agente Fiscal Katia Uemura
- Agente Fiscal Stella Mary Cano
- Jueza Penal Sady López
En la misiva, el juez Legal explicó que, de acuerdo con el artículo 200 del Código Procesal Penal, la intervención de las comunicaciones solo puede ser conocida por el juez que la ordenó, quien debe determinar qué parte de la información es útil para el proceso. En este caso, consideró que el contenido ameritaba ser remitido al Ministerio Público como indicios de posibles hechos punibles, con el fin de que se inicie una investigación preliminar.
Posibles delitos de acción pública
El documento también citó el artículo 284 del Código Procesal Penal, que permite a cualquier persona denunciar hechos punibles ante el Ministerio Público o la Policía Nacional. Asimismo, se amparó en el artículo 286, que obliga a los funcionarios públicos a reportar posibles delitos de acción pública conocidos en el ejercicio de sus funciones.
El juez Legal adjuntó impresiones de las conversaciones como evidencia preliminar, manifestando su disposición a entregar la extracción completa de datos una vez que la Fiscalía designe al agente responsable de la causa.
Con esta denuncia formalizada, la Fiscalía deberá determinar los pasos a seguir en el marco de la investigación sobre las posibles irregularidades detectadas en las conversaciones del legislador fallecido.
COMUNICACION