Después de cinco años de gobierno de Mario Abdo Benítez, es innegable que el problema del transporte público en Paraguay continúa sin resolverse. El sufrimiento diario de la gente trabajadora que utiliza los buses para movilizarse persiste y se vuelve cada vez más insoportable.
Los usuarios del transporte público son los verdaderos motores de la economía y se ven obligados a diario a soportar un servicio deficiente y, para colmo, enfrentar las “reguladas” extorsivas de los transportistas, quienes siguen recibiendo subsidios financiados por los contribuyentes.
En efecto, las “reguladas” del transporte público se han convertido en una rutina desesperante para los pasajeros, quienes sufren las consecuencias de un servicio en decadencia. Los empresarios del transporte exigen aumentos en los subsidios sin brindar respuestas satisfactorias a los usuarios, generando una situación injusta y perjudicial.
Los ciudadanos se ven obligados a viajar en condiciones de hacinamiento, arriesgando sus vidas y llegando tarde a sus trabajos, lo que repercute directamente en sus salarios. De esta forma es la clase trabajadora la que debe pagar el precio por la ineficiencia del sistema y la falta de voluntad política para solucionar el problema.
Lamentablemente, ya no se puede esperar mucho de este gobierno, que ya está de salida, pero será un desafío importante para la administración de Santiago Peña dar una respuesta a este calvario diario implementando políticas integrales que aborden la modernización del sistema de transporte público, la ampliación de las flotas, la mejora de la infraestructura y la formación adecuada de los conductores. Además, se requiere una supervisión rigurosa y transparente de los subsidios otorgados a los transportistas.
La Fiscalía debe llevar a cabo investigaciones exhaustivas para identificar y sancionar cualquier acto de corrupción o manipulación de datos relacionados con el transporte público. Los responsables deben enfrentar las consecuencias legales de sus acciones y no quedar impunes ante el sufrimiento de la población.
El transporte público es un derecho básico de los ciudadanos y una herramienta clave para el desarrollo sostenible de un país. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, un sistema eficiente de transporte público contribuye a reducir la congestión vehicular, disminuir la contaminación ambiental y fomentar la inclusión social al garantizar la movilidad de todos los sectores de la sociedad.
