Standard y Poor’s Global Ratings eleva la calificación de riesgo de Paraguay, de estable a positiva, anunciaron en la noche de este miércoles, el presidente Santiago Peña y el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.
«¡Otra calificadora que reconoce el avance de nuestro país! @SPGlobalRatings mejoró la perspectiva de la calificación de riesgo de Paraguay, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de todos los paraguayos. ¡Estamos demostrando al mundo que este gigante está resurgiendo con firmeza por el camino correcto!», informó el presidente Peña, vía X.
Este cuadro demostrativo fue divulgado por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.
» @SPGlobalRatings mejora la perspectiva de nuestra calificación de riesgo de estable a POSITIVO. Luego de la revisión anual 2024 por parte de las calificadoras de riesgo, Paraguay se consolida como una economía estable, confiable y resiliente. Qué sigan los goles!!», escribió el ministro del MEF.
S&P Global Ratings destacó en su informe el compromiso de Paraguay con la prudencia fiscal y, además, el crecimiento económico y los proyectos estratégicos. Mejoró la calificación crediticia a largo plazo, como ser de 12 a 24 meses.
El desafío que tiene Paraguay con esta calificación es no retroceder; al contrario, debe seguir demostrando un crecimiento económico sólido, la consolidación fiscal y la reducción de la volatilidad económica.
Standard y Poor’s eleva: Grado de Inversión
En julio del año pasado, el presidente Santiago Peña anunció oficialmente que la calificadora de riesgo Moody’s otorgó a Paraguay el “investment grade” (grado de inversión) Baa3.
Dijo que esa calificación se ganó mediante arduo trabajo y la dedicación de décadas para transformar la economía paraguaya y fortalecer sus instituciones. La obtención del grado de inversión significó la fortaleza económica y financiera del país, así como su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
Esta calificación implica la reducción del riesgo crediticio, lo que facilita una disminución en el costo de financiamiento soberano. Además, permite la expansión de la base de inversores y la posibilidad de reducir también el costo de financiamiento para las empresas, decía en la ocasión un informe del Ministerio de Economía y Finanzas.