Ejercer el periodismo en Paraguay se ha convertido en una actividad de «alto riesgo», especialmente en la zona norte del país y en regiones fronterizas, según han advertido desde hace años organismos internacionales de derechos humanos. Días atrás, nuevamente un comunicador fue objeto de amenazas de muerte mediante llamadas anónimas en medio de un contexto de publicaciones sobre presuntos casos de corrupción y malos manejos públicos en la ciudad de Horqueta, Departamento de Concepción.
Vicente Godoy, comunicador social que tiene bajo su responsabilidad la página de informaciones «Horqueta digital» denunció el hecho ante la Fiscalía local de Horqueta y a la Policía Nacional, en base a tres mensajes de voz trecibidos en su línea telefónica a través de la plataforma whatsapp. Una voz grave, en marcado idioma portugués «advirtió» al comunicador que «se cuide» y deje de hacer ciertas publicaciones. El comunicador, sin embargo, manifestó que los funcionarios de la Fiscalía respectiva (a cargo del Fiscal Pablo Zárate) le dijeron que «no podían ocuparse del tema» pues se trataba de un hecho punible que requería acción directa de parte de la víctima . Sin embargo, si la Fiscalía hubiera calificado el hecho como «coacción grave» (que es el caso, pues alguien está tratando de impedir que el periodista haga su tarea de informar a la sociedad), o aplicara el instructivo que tiene la institución, el Ministerio Público debería haber iniciado la investigación.
Tras esta poca claridad de actuación de la fiscalía a cargo, Vicente Godoy optó por no permanecer en la zona, con lo que suma otro caso más en el país de periodistas desplazados ante la pobre actuación de órganos oficiales en procura de su protección. Debe recordarse que tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público tienen vigentes normativas internas que en los papeles apuntan a prevenir y proteger, así como investigar específicamente, casos de amenazas, agravios, ataques o atentados contra periodistas y trabajadores de prensa.
La Policía Nacional tiene la Resolución N° 538 del año 2017 «Protocolo de seguridad para periodistas en situación de riesgo», en la cual se determinan los pasos a seguir y medidas a adoptar por parte de la Policia par proteger a comunicadores, entre ellas disposiciones de guardias o asistencias de seguridad permanentes o aleatorias. El Ministerio Público, por su parte, tiene un Instructivo para atender e investigar casos de hechos punibles en los que las víctimas fueran periodistas o trabajadores de prensa, así como tiene como responsable general para estos casos a su Unidad Fiscal Especializada en Derechos Humanos. Sin embargo, tanto el comunicador afectado como colegas que hicieron el seguimiento del caso manifestaron que estas disposiciones no han sido cumplidas: en la fiscalía de Horqueta dijeron que no «podían investigar» el hecho por no ser de acción penal pública.
Desde la Policía Nacional, luego de los reclamos hechos, según relató el comunicador, el jefe policial del Departamento de Concepción se puso en contacto y anunció que se harían las investigaciones sobre las llamadas recibidas. Para ese momento, Godoy ya había determinado desplazarse hacia otra región del país ante el temor de que las amenazas se concreten.
PERIODISTAS ASESINADOS Y DESPLAZADOS
En los últimos ocho meses, dos comunicadores sociales han sido asesinados por elementos de la mafia organizada en zonas fronterizas. Humberto Coronel, de Radio Amambay, fue abatido por un sicario en Pedro Juan Caballero el 6 de septiembre del 2022. Alexander Alvares, comunicador de Radio Urundey FM, fue asesinado también en Pedro Juan Caballero el 14 de febrero de este año 2023. Varios comunicadores que recibieron amenazas o ataques recurrieron en los últimos años a desplazarse y buscar mejor seguridad abandonando sus zonas de habitual residencia y ejercicio de la profesión. En los últimos tres años se cuantan al menos 4 casos extraoficialmente. De acuerdo a un informe de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, que reúne a representantes de gremios periodísticos y entes públicos, en el año 2022 se han registrado veinte casos de violencia contra periodistas y comunicadores, incluido el asesinato de Humberto Coronel. A lo largo de 32 años recientes, desde el año 1991, se registran 22 casos de asesinatos de comunicadores en Paraguay, lo que lo ha convertido, según la Relatoría para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una «zona silenciada» donde, especialmente en sus regiones fronterizas, es de «alto riesgo» el ejercicio de la libertad de expresión.
