Juez ordenó cárcel para dos y prisión domiciliaria para uno en el caso de estafa contra menonitas con tierras del INDERT. Dictó prisión preventiva para Willian Roberto Bogarín Campuzano, hasta hace poco director de la Cámara de Diputados, y para la abogada, Ilsa Maricela Paredes. El tercer procesado es José Francisco Ljubetic Arrellaga, el que administraba el negocio jurídico. Este último cuenta con 73 años, por lo tanto, el Juzgado le impuso arresto domiciliario por su edad.
La audiencia se realizó esta mañana en el Juzgado Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, de San Pedro, a cargo del magistrado, Vicente Coronel. Los procesados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, y la abogada, Ilsa Maricela Paredes, están recluidos en la Comisaría de Santa Rosa del Aguaray; pero pasarán a la Penitenciaría Regional de San Pedro, según dispuso el juez.
Juez ordenó cárcel para dos: la imputación
El juez, Vicente Coronel, hizo lugar al pedido del fiscal, José Godoy Blanco, de la Unidad Penal N° 3 de Santa Rosa del Aguaray, e inició el proceso contra las tres personas mencionadas por estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
José Francisco Ljubetic Arrellaga (73), y los abogados Willian Roberto Bogarín Campuzano e Ilsa Marisela Paredes (39), están imputados supuestamente por integrar una red de estafa millonaria desde el año 2017 hasta agosto del 2024, del cual resultaron víctimas ciudadanos menonitas de Santa Rosa del Aguaray.
La imputación señala que Ljubetic Arrellaga se había presentado como profesional abogado ante una familia de colonos menonitas y se habría ofrecido para realizar gestiones de índole judicial, manifestando a la vez que contaba con un equipo jurídico integrado por Bogarín Campuzado y Paredes.
El documento de imputación agrega que las tres personas integrarían un esquema criminal para engañar a las víctimas en la supuesta adquisición de tierras supuestamente del INDERT por un valor de un millón seiscientos mil dólares americanos ($ 1.600.000.000) referente a un total de 8.000 hectáreas de tierras.
Sigue relatando que los colonos de Río Verde habrían entregado sumas de dinero de manera fraccionada. Paredes habría elaborado documentos fraguados y escritos administrativos y judiciales para la tramitación y adquisición de tierras en Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón – Chaco paraguayo.
Así funcionó el equipo
Supuestamente, Paredes promovía acciones judiciales de contenido falso ante el INDERT y Juzgado Civil de Primera Instancia de Villa Hayes (Juzgado no competente). A su vez, -dice la imputación- el líder del esquema delictuoso (Ljubetic) informaba a las víctimas de las diligencias para que estén a la expectativa de las tramitaciones.
Mientras, Bogarín Campuzano, tendría la tarea de promover acciones judiciales de presumible contenido falso ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Villa Hayes, Cámara de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Asimismo, habría colaborado con el líder en la asociación criminal con las distintas maniobras de engaños, según la imputación fiscal.
Willian Roberto Bogarín Campuzano era hasta hace poco director general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados. Cuando se publicó la denuncia en su contra y fue detenido, él fue destituido del cargo por el presidente de la Cámara, Raúl Latorre. Sin embargo, sigue siendo funcionario. Latorre dijo que aguardará la decisión judicial para adoptar otra decisión.
