El Estado paraguayo aguanta las demandas internacionales. En la fecha, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) cumplió la orden de la Corte interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de borrar de su registro cualquier antecedente que tenga sobre el ex fiscal Alejandro Nissen Pessolani.
El JEM le había destituido a Nissen porque a éste se le ocurrió acusar al presidente de esta institución de haber tenido un auto ilegal (mau en guarani). En ese entonces, Oscar González Daher, era el presidente de la institución.
También la Corte IDH había ordenado publicar la sentencia contra Paraguay. El presidente del JEM, senador Rodrigo Blanco, informó que la publicación se hizo en la página de la institución en internet.
Blanco convocó a la Unidad de Derechos Humanos de la Cancillería, para la destrucción física de los documentos que hacen referencia a la sentencia contra Nissen.
La Corte IDH había condenado al Estado paraguayo a pagar a Nissen en un año USD 30.000 como indemnización, USD 243.000 por daño material, USD 15.000 por daño inmaterial, USD 15.000 por costos y gastos. Además, debe reintegrar USD 5.269,12 al Fondo de Asistencia a Víctimas.
Otro caso
En otro caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), viene estudiando denuncia de un caso de tortura en Paraguay que ocurrió en el año 2000, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó la acusación el 20 de noviembre de 2021.
Se trata del caso Jorge Luis López Sosa en que la CIDH acusa al Estado paraguayo de ser responsable de la detención ilegal, tortura y violación a las garantías judiciales y a la protección judicial contra López Sosa, que era oficial inspector de policía.
En su Informe de Fondo, la CIDH observó, en relación con la legalidad de la detención, que el Estado no justificó la existencia de una orden judicial o flagrancia de parte de la víctima al momento de su detención. Tampoco ofreció información para identificar la legalidad de las circunstancias en que se produjo ni para comprobar que el Jorge López fue informado sobre los motivos de su aprehensión y puesto inmediatamente ante una autoridad judicial.
Respecto del derecho a la integridad personal, se registró una serie de declaraciones de oficiales detenidos que, al igual que Jorge López, refirieron haber sido torturados, haber visto o haber tenido noticias de que la víctima del caso fue esposada, vendada, puesta boca abajo y golpeada en la señalada Comisaría.
