La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero inspeccionó las obras del Centro Hemato-Oncológico del Instituto de Previsión Social (IPS), ubicado en la capital, para evaluar el estado de avance y la administración de los fondos asignados a este y otros proyectos.
El senador Dionisio Amarilla, representante de la comisión, reveló que el motivo de la visita fue constatar posibles actos de corrupción y desvío de fondos públicos, señalados en auditorías y documentos internos de la previsional, que indican irregularidades en la ejecución de las obras.
Dudas con el dinero de origen fiduciario
El contrato fiduciario original, firmado entre el IPS y el Banco Atlas, entidad bancaria encargada de administrar los fondos para la construcción de cuatro hospitales, incluía una provisión específica para la finalización de las obras y su entrega completa a la previsional. Sin embargo, el fideicomiso fue totalmente utilizado y el dinero, en lugar de destinarse a las obras previstas, fue redirigido a otros fines que no estaban aprobados por ley.
Este cambio de destino generó grandes controversias, ya que de las cuatro construcciones planeadas, solo dos llegaron a realizarse parcialmente, mientras que las demás quedaron incompletas y con deudas acumuladas.
Además, una reciente investigación de la prensa reveló detalles inquietantes sobre el manejo de los fondos del fideicomiso. Según los reportes, de las 40 licitaciones realizadas bajo este mecanismo de financiamiento, la auditoría solo pudo verificar dos, y en ambas se encontraron irregularidades.
Obras fantasmas
Más alarmante aún, se identificaron 21 obras inexistentes, comúnmente llamadas “obras fantasma,” en las que se presupuestaron y asignaron fondos sin que las construcciones se hayan realizado en la práctica. Estas revelaciones generaron un fuerte malestar en la ciudadanía, especialmente entre los asegurados del IPS, que demandan una administración eficiente y transparente de los recursos provenientes de sus aportes.
Durante el recorrido, el senador Amarilla subrayó la importancia de que tanto el Congreso como el Ministerio Público trabajen en conjunto para cumplir con el mandato constitucional de supervisión y transparencia en el uso del presupuesto público.
“Venimos para conocer el desarrollo de los proyectos y verificar cómo se están utilizando los recursos aportados por empleados y empleadores. La ciudadanía tiene derecho a saber si los fondos que salen de sus contribuciones están siendo aplicados correctamente y en proyectos tangibles,” expresó Amarilla, quien también agradeció la disposición del presidente del IPS y de las autoridades fiscales para colaborar con la investigación.
Reformas en el IPS
En su intervención, Jorge Brítez, presidente del IPS, ofreció detalles sobre las reformas que la institución proyecta implementar en el sistema previsional, especialmente en el cálculo de la jubilación.
La propuesta consiste en modificar el cálculo actual, que se basa en el promedio de los aportes de los últimos tres años, y extenderlo a un promedio de los diez últimos años de contribución.
Brítez explicó que esta medida busca sincerar los aportes, ya que muchos asegurados, durante gran parte de su vida laboral, declaran el salario mínimo, pero aumentan sus contribuciones en los últimos años con la intención de acceder a una jubilación mayor, lo cual genera un desbalance en el sistema.
La reforma, sostuvo Brítez, permitirá reflejar con mayor exactitud los ingresos reales de cada trabajador a lo largo de su vida laboral, mejorando la sustentabilidad financiera del IPS.
Sin embargo, la propuesta de Brítez ha suscitado opiniones divididas entre sindicatos y asegurados. Algunos sectores temen que el cambio en el cálculo de la jubilación perjudique a aquellos trabajadores que han percibido salarios bajos durante toda su vida laboral, quienes podrían ver reducidos sus beneficios al momento de jubilarse.
Brítez respondió a estas inquietudes y afirmó que el ajuste no afectará a quienes cotizan por el salario mínimo, y que el ajuste tiene como objetivo principal fortalecer el sistema previsional para beneficiar a los futuros jubilados.
Más tiempo para la CBI
En paralelo a esta inspección, la Cámara de Senadores aprobó en una sesión extraordinaria la prórroga de dos meses para la vigencia de la Comisión Antilavado, dándole un plazo adicional para continuar las diligencias necesarias y emitir un informe final sobre las conclusiones de sus investigaciones.
La extensión del plazo permitirá que la CBI y el Ministerio Público sigan profundizando en las irregularidades denunciadas en las obras de IPS, asegurando un proceso exhaustivo y transparente para esclarecer las responsabilidades de los actores involucrados.
La CBI y el Ministerio Público consideran esta inspección y el trabajo en conjunto dentro del marco que busca la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos del IPS.
LEA TAMBIÉN: Abogado de diputado fallecido comparecerá ante la CBI de lavado
