El senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta, subrayó los puntos centrales y las excepciones del proyecto de Ley del Servicio Civil, y el Senado estudiará y debatirá su aprobación de esta posible Ley que ya genera mucho de que hablar en el funcionariado público.
El legislador, en entrevista con la 970 AM, apuntó que si bien la ley impactará sobre la mayoría de los funcionarios públicos, mantiene un criterio de independencia y equilibrio de poderes que excluye parcialmente a los poderes Legislativo y Judicial en ciertos aspectos de su aplicación.
Aunque bajo esta normativa el Ministerio de Economía y Finanzas establece la política salarial, los poderes del Estado cuentan con autonomía para el manejo de su personal, una disposición que busca preservar la independencia consagrada en la Constitución de 1992.
El senador explicó que el Poder Ejecutivo concentra alrededor del 97% de los funcionarios públicos, mientras que el Legislativo y Judicial representan menos del 3%. Aunque ambos poderes no están completamente sujetos a esta ley, siguen alineados con los lineamientos salariales definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Según Chase, esto responde a la naturaleza particular de cada sector: “Sería inaplicable una ley uniforme, ya que, por ejemplo, no se puede exigir una jornada laboral de ocho horas a una maestra o a un médico que cumple roles específicos y con distintos tiempos de trabajo”, puntualizó.
Añadió que el objetivo de la ley es optimizar la estructura burocrática y hacer aplicables las normas vigentes sin imponer cambios drásticos que resulten inaplicables.
Otras instituciones financieras no reguladas por el Servicio Civil
Respecto a otras instituciones, como el Banco Central y el Banco Nacional de Fomento, el senador aclaró que, al contar con una ley particular, no serán reguladas bajo esta normativa, lo cual incluye también a los docentes. Chase consideró que el debate sobre esta ley en ciertos medios genera confusión, presentando a veces al Congreso como el supuesto “villano” de la situación.
Sin embargo, el legislador insistió en que la ley abarca solo a las dependencias bajo el Poder Ejecutivo, que son mayoritariamente los funcionarios públicos, y asegura que su implementación será realista para cada sector.
A pesar del apoyo general, Chase admitió que hay algunas voces sindicales en desacuerdo, aunque la ley se elaboró en coordinación con diferentes gremios para reducir conflictos laborales. En cuanto al respaldo político, afirmó que existen los votos necesarios para la aprobación en el Senado, aunque algunos senadores podrían oponerse a artículos específicos.
Una vez que el proyecto supere la Cámara Alta, pasará a la Cámara de Diputados para su debate y aprobación final.
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