A un año de la implementación de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción en Paraguay, el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, insta a transformar la cultura del país hacia una mayor integridad y transparencia. La estrategia, lanzada tras una Cumbre de Poderes convocada por el presidente Santiago Peña, incluye cuatro pilares: Transparencia, Rendición de Cuentas, Control de Recaudaciones y Seguridad Ciudadana, abarcando 44 iniciativas legislativas y de gestión para fortalecer la ética pública. Benítez advierte que lograr un impacto duradero exige coordinación institucional y apoyo político. Lamenta la falta de respaldo de algunos sectores. Además, destaca la necesidad de una reforma educativa que fomente desde las escuelas valores de honestidad y conducta correcta, con el objetivo de cambiar la percepción ciudadana frente a la corrupción y construir un “ecosistema de control” efectivo.
En noviembre del 2023, las autoridades de los tres poderes del Estado suscribieron el acuerdo sobre la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción”, ¿Cuáles son los avances a partir de aquel acuerdo?
Este mes se cumple el primer aniversario del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción que se ha dado gracias a la iniciativa que tuvo el Presidente, Santiago Peña, de convocar a los tres poderes del Estado y a órganos constitucionales extrapoder como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
El propósito de la denominada Cumbre de Poderes fue poner sobre la mesa y debatir acerca de las principales medidas que el Paraguay necesita para combatir y reducir los márgenes de corrupción de manera significativa. Luego de varias reuniones técnicas, se culminó con un documento, firmado por todos los titulares, el que contiene cuatro ejes: Transparencia, Rendición de Cuentas, Control de las Recaudaciones y Seguridad Ciudadana, los que a su vez están divididos en dieciséis subtemas y que tienen plasmadas cuarenta y cuatro iniciativas cuyas implementaciones están previstas a corto, mediano y largo plazo; hoy en día algunas ya pueden considerarse cumplidas, aunque otras siguen pendientes.
Esta iniciativa, basada en el principio constitucional de coordinación de los organismos del Estado, es la conducta deseable para lograr objetivos claros en materia de integridad, transparencia y combate a la corrupción.
En otros países a esta estrategia se la denomina ecosistema de control, que básicamente consiste en alinear los criterios para que los resultados se obtengan eficazmente.
Como ejemplo, vemos hoy que existen diferencias de criterio con el Ministerio Público en cuanto a lo que la Contraloría considera un hecho punible merecedor de una denuncia penal y lo que la fiscalía considera conducta penalmente relevante.
Desde luego que la independencia de las instituciones es un principio constitucional, aunque eso no significa que no deban coordinarse para obtener resultados de mayor impacto o evitar la duplicidad de gastos y esfuerzo.
¿Cuáles son las leyes clave que aún deben aprobarse para que la estrategia sea efectiva?
La estrategia contiene una gran variedad de iniciativas legislativas. Una de ellas es la ley que ha reformado el Fonacide y que estableció un nuevo modelo de alimentación escolar en el país, con una mejor focalización del servicio respecto a poblaciones vulnerables, buscando además actualizar los componentes nutricionales, incrementar el control y aplicar sanciones a los infractores.
También existen proyectos de ley cuyo estudio ya se encuentra en el Congreso Nacional, tal como la Ley que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay.
En esta propuesta se establece un nuevo régimen de prevención de la corrupción en nuestro país, otorgando la función de órgano de prevención de la corrupción a Contraloría General de la República, que posee autonomía funcional e independencia. Otras normativas que tendrán impacto en materia de integridad pública y transparencia son la del Registro Único Nacional, la de actualización de normativa penal en materia de corrupción, la de fortalecimiento de integridad en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, esta última de suma relevancia dados los casos que han tomado estado público en años anteriores.
Vale la pena destacar que entre las iniciativas hay muchas que son eminentemente de gestión y que, igualmente, tendrán un impacto significativo en la lucha contra la corrupción como ser, la creación de un sistema que permita el intercambio de información para la realización de exámenes de correspondencia y aquellos que impulsan el uso de tecnologías para fomentar la participación ciudadana.
¿Qué espera del sector político en cuanto al respaldo legislativo para fortalecer las políticas de integridad y transparencia?
En honor a la verdad me siento absolutamente complacido con la actitud de varios sectores políticos de nuestro país que reconocen la necesidad de una política de integridad para la República del Paraguay. Sí, me resulta altamente llamativa la falta de apoyo de algunos sectores de la oposición que en años anteriores respaldaron este tipo de iniciativas.
¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que algunas instituciones eludan la fiscalización de la Contraloría, recurriendo al Tribunal de Cuentas para evitar auditorías?
Habiéndose vetado el proyecto de ley sancionado para zanjar este inconveniente y que fue planteado por la institución que represento, desde la Contraloría no vemos otra opción que volver a instar la aprobación de un proyecto de ley; esto a razón de la posición jurídica de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La propuesta debería incluir el reconocimiento del Tribunal de Cuentas sobre su competencia juzgadora respecto a la ejecución presupuestaria, pero que se establezca como requisito previo una auditoría financiera de parte de la CGR.
Si esto se da así, las instituciones optarán por recurrir directamente a la CGR y en caso de ir al Tribunal de Cuentas, tendrán un doble control.
¿Cuáles son los principales obstáculos para que los municipios acaten las recomendaciones de la Contraloría, y qué acciones se pueden implementar para asegurar el cumplimiento de estas recomendaciones?
Cierto es que las recomendaciones de la CGR pueden ser de índole penal, pero en mayor medida son recomendaciones administrativas. Estas recomendaciones tienen un seguimiento puntilloso de parte de la Contraloría, cada organismo y entidad del Estado debe presentar planes de mejoramiento, a efectos de que las irregularidades detectadas no vuelvan a repetirse. Esos planes son fiscalizados y evaluados por la Contraloría para determinar el grado de implementación de parte del ente público auditado y sus resultados son informados al Congreso Nacional.
¿Qué papel desempeñará el Consejo Nacional Anticorrupción en el control y prevención de la corrupción?
El Consejo Nacional Anticorrupción tiene como propósito generar un espacio de diálogo interinstitucional a fin de que no sea la Contraloría General quien imponga sus criterios en materia de integridad pública y transparencia.
Se pretende que en aquellos casos en donde haya diferencias sobre las medidas o lineamientos, estos puedan ser discutidos y se alcancen consensos en este colegiado. Este órgano creado atiende al principio de coordinación establecido en nuestra Constitución Nacional.
Como ejemplo, si en materia de transparencia hay cierta información que la Contraloría considera que debe ser publicada de manera proactiva y un Poder del Estado no coincide con esa posición, ahí es donde el Consejo cumple su rol para llegar a un acuerdo.
Vale aclarar que este Consejo no tiene ninguna injerencia en las labores misionales que tiene la Contraloría como entidad fiscalizadora superior, es decir, como órgano de control del gasto público.
¿Considerando que solo pocos países tienen estándares tan ambiciosos en políticas de integridad, ¿Cuáles son los mayores desafíos para poner en marcha este plan nacional de integridad y cómo se adaptará a la realidad paraguaya?
Considero que esta es una política trascendental para el Paraguay, ciertamente muy ambiciosa; sin embargo, denota una madurez enorme de parte del Gobierno, puesto que es muy probable que sea a los funcionarios que hoy ostentan el poder a quienes le serán aplicadas estas medidas.
Por eso, el reconocimiento del Poder Ejecutivo y del Gobierno Nacional sobre la necesidad de aplicar estos estándares en materia de integridad es un signo sumamente positivo, de implementarse estas iniciativas, muchos problemas que se ven hoy podrían subsanarse.
También debemos pensar en cambiar la cultura de nuestro país, en este sentido sería pertinente trabajar con el Ministerio de Educación y Ciencias para desarrollar un contenido de integridad pública e incluirlo en los programas escolares, y de esta manera ir modificando la forma en que pensamos los paraguayos respecto a la corrupción, la honestidad y a las conductas correctas.
Entrevista de: Asdrúbal Fretes
