Estado debe pagar USD 2,6 millones y se ahorra USD 16 millones por fallido Metrobús, informó este martes, el procurador general de la República, Marco Aurelio González.
El procurador anunció que se intentó resolver el conflicto a través de un arbitraje y el laudo arbitral había condenado al Estado a pagar 16 millones de dólares. Si se consideraban los intereses, la suma podía haber alcanzado 19 millones de dólares, inclusive.
Ahora, un Tribunal de Apelación anula parcialmente el laudo y se llega a esta conclusión, de pagar solamente 2,6 millones de dólares, indicó. Ahora el arbitraje ya terminó y sólo queda una acción de inconstitucionalidad, añadió.
El Estado debe hacer el pago a la empresa Mota Engil que fue la constructora del fallido Metrobús en Asunción.
Fue una batalla jurídica a una decisión «políticamente incorrecta y económicamente injustificada», dijo el procurador. El Tribunal de Apelación, Tercera Sala consideró que el laudo violó el derecho paraguayo, señaló.
El Tribunal estuvo integrado por Guillermo Zillich, Nery Villalba y Pierina Ozuna.
”Logramos ahorrar al Estado más de USD 16 millones. Hoy día solo tenemos que abonar USD 2.600″, dijo el procurador en conferencia de prensa.
“A partir de la resolución del Tribunal de Apelación, se anula parcialmente el laudo. Solamente queda la obligación de los más de G. 600 millones que tiene que pagar Mota Engil al MOPC. De la misma manera, quedan los USD 2.600.000 aproximadamente que el MOPC debe devolver a Mota Engil en concepto de montos retenidos”, resumió la cuenta, el procurador.
Recordando la condena anterior, el procurador manifestó: “La condena por arbitraje daba un monto aproximado de USD 13 millones, más intereses. Estos, a la fecha de hoy representa aproximadamente USD 19 millones. Si de estos USD 19 millones restamos lo que hay que pagar a Mota Engil, que son los USD 2.600.000, tenemos que este fallo representa un ahorro para el Estado paraguayo de más de USD 16 millones”, indicó.
Se ahorra USD 16 millones: historia
La construcción del Metrobus comenzó durante el gobierno de Horacio Cartes, en el 2016. La empresa contratista, Mota Engil, justificó que se retrasaba mucho por los problemas con los frentistas. Ni siquiera llegó a construir 1.000 metros de los 16 kilómetros y medio previsto.
Llegó el gobierno de Mario Abdo Benítez y MOPC rescindió el contrato. Entonces, la empresa demandó al Estado paraguayo a través del sistema de arbitraje. El laudo arbitral salió contra el Estado.
Posteriormente, la Procuraduría tomó intervención en el caso y acudió a la Justicia. Ahora, el Poder Judicial salió a favor del Estado paraguayo que logró ahorrarse 16 millones de dólares.
