El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, destacó que la política penitenciaria exige coordinación interinstitucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, caso contrario no se podrá hacer las reformas. Nicora se reunió este martes con directores de penitenciarías de todo el país y habló de los desafíos para los cambios en las cárceles.
Uno de los desafíos destacados por el secretario de Estado fue el control del crimen organizado instalado en las penitenciarías. Otro es la superpoblación en las cárceles que, según Nicora, por falta de recursos no se puede resolver.
El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez; el director general de Establecimientos Penitenciarios, coronel (R) Rubén Peña; directores generales y directores de penitenciarías fueron algunos de los participantes de la reunión con el ministro Nicora.
La sobrepoblación y las condiciones carcelarias con escaso presupuesto dificultan la aplicación efectiva de nuevos paradigmas. Esta sobrepoblación crea condiciones que favorecen la violencia interna y la corrupción, informó el Ministerio de Justicia, en su resumen de la reunión.
Otro reto fundamental es el control de los clanes criminales y del crimen organizado dentro de las cárceles, agrega el informe. Frenar la influencia de estos grupos dentro de los centros penitenciarios es una de las luchas más difíciles, sostiene el Ministerio.
Otro foco de atención es la corrupción interna. Sin una administración penitenciaria confiable es imposible asegurar la efectividad de cualquier reforma, resumió.
El ministro Nicora destacó como parte de las reformas el plan de reinserción social que lleva a cabo en varios centros penitenciarios y el uso de la tecnología para mejorar la vigilancia y el monitoreo de las prisiones, como cámaras, escáneres y sistemas de bloqueo de señales de teléfonos móviles.
Política penitenciaria exige coordinación: es fundamental
Sin embargo, señaló que la coordinación interinstitucional, para enfrentar de manera efectiva al crimen organizado desde las cárceles es fundamental.
Se requiere de un trabajo coordinado entre todas las instituciones que forman parte del sistema de seguridad y del sistema judicial, para garantizar la seguridad nacional, en general, y penitenciaria, en particular, dijo Nicora.
Sin esta coordinación, las reformas y los esfuerzos de control pueden ser fragmentados e ineficaces, concluyó.
