Autoridades del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia acordaron este viernes seleccionar 100 casos de mujeres privadas de libertad para una búsqueda de salida alternativa a la prisión. En la reunión, la directora del penal de mujeres pasó a la Justicia una lista de 230 casos que pueden ser revisables, de donde sacarán las 100 posibles beneficiarias.
El Ministerio de Justicia informó que se trata de mujeres que están en situación de vulnerabilidad y se revisarán los casos de quienes califiquen para las medidas alternativas. Entonces, de la lista se seleccionarán 100 expedientes que irán a juicio en la misma sede penitenciaria, indicó. Actualmente, el penal alberga a aproximadamente 500 internas.
El objetivo también es disminuir el hacinamiento en la citada cárcel. En ese sentido, el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, destacó la iniciativa y valoró el esfuerzo de la CSJ en colaborar con el Ministerio de Justicia para mejorar la seguridad en las sedes penitenciarias al disminuir el hacinamiento.
“Es eso lo que buscamos, mujeres privadas de libertad (MPL) que tengan la posibilidad de ir a cumplir su condena o prisión preventiva fuera del centro penitenciario, o que ya se les pueda otorgar otra salida; que obtengan de esta manera y así también trabajar en el descongestionamiento de la penitenciaría”, expresó el viceministro Benítez
Benítez indicó que las mujeres privadas de libertad en situación de vulnerabilidad fueron seleccionadas previamente bajo estricto criterio de cumplimiento del Código Procesal Penal, es decir, aquellas mujeres que llenan los requisitos para la revisión de sus casos.
El viceministro agregó que esta actividad guarda relación también con el plan de reinserción social que el Estado está haciendo en cumplimiento de la Constitución Nacional. Señaló que el Estado está obligado a ofrecer a las personas privadas de liberad la posibilidad de reinsertarse en la vida social con normalidad.
“Esto viene de la mano con la reinserción social, estamos trabajando en estudios y trabajos para las MPL dentro del sistema penitenciario con la ayuda de las empresas del sector privado, y esto es una muestra más de la rehabilitación y reinserción que promueve el Ministerio de Justicia para que vuelvan de la mejor manera a la sociedad”, señaló.
De la jornada de seguimiento procesal participaron representantes del Ministerio de Justicia, Corte Suprema de Justicia, Defensoría Pública, Ministerio Público, Defensor del Pueblo, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Acelerar los procesos para la salida alternativa
“Nos enfocamos en mujeres embarazadas, con hijos pequeños o con enfermedades terminales graves, con el fin de acelerar los procesos según el estadio en que se encuentren,” explicó la doctora María Teresa González de Daniel, presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central. También mencionó que este plan busca reducir el elevado porcentaje de personas privadas de libertad sin condena en el país, comenzando con las mujeres y los niños, los grupos más vulnerables.
La jueza Silvana Luraghi, coordinadora de la OTP y miembro del Tribunal de Apelación Penal del Fuero Especializado en Crimen Organizado y Delitos Económicos, ratificó que en la “Casa del Buen Pastor” se llevarán a cabo 100 audiencias preliminares, con el objetivo señalado precedentemente.
“Estamos cumpliendo con un aspecto crucial: la humanización de las cárceles, llevando a los operadores de justicia a estar en contacto directo con las internas para acelerar las audiencias,” afirmó. Luraghi añadió que en el penal hay dos internas con cáncer de cuello uterino, cuyos casos serán prioritarios para el estudio y resolución.
La meta es reducir la población en la cárcel
Lilian Luraschi, coordinadora de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia, señaló que todas las diligencias serán ejecutadas por los jueces de Ejecución antes de fin de año, con la meta de reducir la población penitenciaria.
El juez de Ejecución Penal, abogado Carlos Mendoza, informó que ya se emitió una resolución de libertad por compurgamiento de la pena mínima para una interna, demostrando así el compromiso del sistema de justicia con los sectores más vulnerables.
