La corrupción y la ineficiencia de las autoridades electas para los cargos públicos son los dos riesgos principales para la democracia en el país. En efecto, varias investigaciones realizadas han revelado el descontento ciudadano sobre la democracia, ya que en lugar de solucionar los viejos problemas, estos se agravan. La corrupción socava los valores fundamentales de la democracia, como la transparencia, la rendición de cuentas y el estado de derecho.
En primer lugar, la corrupción puede erosionar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en el sistema político en general. En todas las elecciones realizadas en la era democrática, la ciudadanía ha demostrado ampliamente que es capaz de dirigir su voto para castigar a las autoridades ineficientes y corruptas.
Incluso en los distritos más alejados de la república se ha podido apreciar la caída de viejas dinastías. Al mismo tiempo, también se ha visto que estos cambios no han repercutido en el mejoramiento del nivel de vida de los ciudadanos.
En ese sentido, existe una percepción generalizada de la ciudadanía de que su voto no importa o de que las decisiones políticas no se toman en beneficio de la mayoría.
Como resultado, los ciudadanos manifiestan su desencanto con la política, ya que los elegidos, sean del color que sean, resultan ser más de lo mismo. Esto representa un peligro para la democracia porque debilita la participación ciudadana y la capacidad de la sociedad para controlar a sus gobernantes.
A pesar de las decepciones, el porcentaje de participación en los comicios sigue siendo elevado en Paraguay, llegando a un 61,4% en las elecciones generales de 2018.
Sin embargo, en las municipales ya se pudo apreciar una participación mucho menor, (58,8%) posiblemente motivada por esa decepción por la pésima gestión de los intendentes, muchos de ellos denunciados por corrupción.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) destina un millonario presupuesto para la promoción a través de los medios de comunicación, instando a la ciudadanía a participar en las elecciones y otros tantos recursos para la capacitación de los electores.
Está demostrado que el problema no está en el elector y su idoneidad para depositar su voto, sino en la calidad de la oferta electoral de los partidos y movimientos políticos, que no depuran sus filas de los ineficientes y corruptos. Tampoco las agrupaciones políticas alientan la rendición de cuentas de quienes acceden a los cargos públicos mediante el voto popular.
