Arrecian en las últimas semanas los reclamos ciudadanos sobre el pésimo servicio del transporte público y el mal uso que se estaría dando a los multimillonarios subsidios pagados con fondos públicos a los empresarios del transporte. Y en medio de eso, la principal herramienta que tiene la ciudadanía para acceder a datos e información pública, el denominado «Portal de Información Pública» coordinado por el Ministerio de Justicia, se «borra» y entra en fase de «mantenimiento». Es como para sospechar y pensar en alguna operación de ocultamiento de datos que puedan develar más profundamente la magnitud del fraude y la corruptela descubierta por ciudadanos organizados en torno al polémico sistema de «billetaje electrónico» que regentea el Ministerio de Obras Públicas para el transporte público en el Área Metropolitana de Asunción.
Hace unos años, cuando la ciudadanía salió a las calles y los medios de comunicación apoyan el reclamo legítimo de ella por la transparencia en el uso de los bienes públicos, cuando incluso parlamentarios y políticos fueron escrachados en calles, plazas, lugares públicos, eventos, restaurantes y sitios de concurrencia masiva debido a posturas secretistas y de connivencia con la corrupción, el país llego a dar un salto cualitativo muy importante con la aprobación de las leyes de transparencia y acceso ciudadano a la información pública. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y dos leyes dieron el marco institucional concreto para hacer efectivo este derecho por mucho tiempo negado a la gente.
Todo ello, sin embargo, podría caer en saco roto y el esfuerzo ciudadano resulta finalmente burlado si las autoridades no adoptan una actitud firme en defensa de este derecho fundamental para la democracia. Por eso, la existencia de la herramienta aludida -el Portal de Información Pública en internet- ha sido el paso eficaz durante mucho tiempo para hacer accesible la información a la gente y dejar de encerrarla entre cuatro paredes en las oficinas de gobierno. Ahora, sin embargo, cuando nos encontramos con «accidentes tecnológicos» o sospechosas y bastante largas jornadas de «mantenimiento» del sitio web señalado, surgen las dudas y sospechas. ¿Se está pretendiendo ocultar información a la gente sobre este tema polémico donde entran en connivencia autoridades y empresarios del transporte público? ¿Han precisado «bajar» el Portal y dejarlo fuera de uso para «maquillar» algunos datos quizás?.
La ciudadanía precisa posturas y compromisos claros de sus autoridades con la transparencia. Más aún en temas delicados que se relacionan con su calidad de vida, como es el transporte. Lo sucedido en estos días con el portal administrado por el Ministerio de Justicia merece una investigación y aclaración creíble. No parece nada «casual» que los datos públicos hayan sido sacados de la vista de la gente justo en estos días donde se están descubriendo desfalcos gigantescos y contubernios oscuros con dinero público. El secretismo ya no puede volver a ser la norma en nuestra sociedad.
