La guerra recién comienza en el ámbito de transporte público: los transportistas exigen y emplazan al Estado que les pague 6 millones de dólares de subsidio atrasados en ocho días, mientras el Estado anuncia que investigará sobre las irregularidades en el billetaje electrónico. Mientras tanto, el servicio de transporte sigue pésimo.
En paralelo, un grupo ciudadano, de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) expuso este martes datos sobre las reguladas del transporte público y el millonario cobro irregular de subsidio gracias a pasajeros «fantasmas».
Los pasajeros culpan a los empresarios de la corrupción y de la estafa en el billetaje electrónico, y los empresarios culpan -como siempre lo hizo- al Estado por inasistencia al sector y dicen que pierden plata y muchas están cerrando sus negocios de transporte.
Esta tarde, Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama) dice que los subsidios atrasados son desde noviembre del año pasado hasta marzo de este año. Andrés Mallada, asesor técnico del gremio, advirtió que si en ocho días el gobierno no paga la deuda habrá colapso de los servicios.
Andrés Mallada, vocero de Ucetrama, admitió que este gremio no saca 300 buses para circular. El empresario admitió que hay reguladas y justificó diciendo que los vehículos están en los talleres.
Otro gremio, CETRAPAM, informa que varias empresas de transporte están por ir a la quiebra. Uno de sus representantes, el ingeniero José Tomás Rivarola, evaluó que había 45 empresas de transporte de pasajeros en la zona metropolitana. Hoy sólo quedan 24. Dijo que el 50% de las empresas quebraron y actualmente hay 1000 buses menos en el sistema.
Los fantasmas
El grupo ciudadano de OPAMA reveló que los datos del Viceministerio de Transporte, obtenidos vía judicial, confirman que los empresarios cobran subsidios indebidos porque «una sola tarjeta llega a gastar más de G. 50 millones», según el sistema de «pasajero fantasma» y que el grupo dice que es mentira que aumentó la demanda de pasajeros, al contrario, ésta se mantiene en un mismo nivel con relación a semanas o meses anteriores.
El empresario, José Tomás Rivarola, fue entrevistado por la 780AM y dijo que el problema es la mala política del gobierno en materia de transporte en los últimos años. Durante la pandemia, el gobierno no previó una forma de asistencia a los transportistas como hizo con otros sectores. «Al sector transporte se le pidió aguantar y algunos no aguantaron», dijo el entrevistado.
«Van quebrando las empresas y van quedando huecos de servicio, entonces eso va recayendo sobre lo que va quedando y no hay un plan, no hay un sinceramiento de esa situación, nadie explica eso a la gente», agregó.
Por su parte, César Ruíz Diaz, presidente de CETRAPAM, adelantó que hay más empresas que van a quebrar. «Hay como 5 o 6 empresas que van a quebrar», afirmó.
Sin embargo, en la crisis, desde la óptima de OPAMA, los empresarios tienen mucho que ver así como el Estado. Según el informe, de enero de 2022 a marzo de 2023 se pagaron como mínimo G. 2.381 millones por «pasajeros fantasmas».
La guerra recién comienza, mientras la ciudadanía sigue sufriendo el pésimo servicio de transporte.
