La Contraloría General de la República ya remitió a la Fiscalía General del Estado el informe de supuesta evasión de impuestos de las empresas del ex presidente, Mario Abdo Benítez, confirmó Ever Otazú, gerente de impuestos internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Informó que hubo una ganancia de 45 millones de dólares y que se investiga la probable evasión de impuestos de este monto. Las empresas son los que se dedican al rubro de asfalto: Almacenamiento y Distribución de Asfalto SA (ALDIA SA) y Creando Tecnología SA (Createc SA). En ambas empresas, Abdo es accionista mayoritario.
Indicó que la DNIT contestó tres consultas que la Contraloría General de la República les hizo sobre la declaración jurada de bienes que Mario Abdo Benítez hizo al dejar la Presidencia de la República y confirmó que la Contraloría ya remitió sus conclusiones a la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, la DNIT quedó atenta por si la Fiscalía le solicita nuevamente algunos datos más.
Otazú fue entrevistado por Canal GEN y allí comentó que la Contraloría preguntó a la DNIT tres temas puntuales: declaraciones, ingresos y ventas. Entonces, la DNIT contestó las consultas y los fiscalizadores de la Contraloría sacaron de ahí sus informes conforme a sus competencias.
La posible evasión fue calificada por Otazú nuevamente de «incongruencias». De todas maneras, Otazú explicó que en una sociedad anónima existe la figura de reservas operativas. La sospecha es que Abdo no distribuyó el 90% de utilidades de sus empresas a los accionistas y de ahí viene la incongruencia. Según Abdo, el dinero fue a parar en la cuenta de reservas operativas.
Otazú explicó que la figura de reservas operativas existe en una sociedad anónima. La ley trae esta figura que sería el impuesto de distribución de utilidades (IDU). Cuando una empresa, al cierre de ejercicio fiscal, resulta que tiene utilidades acumuladas, dentro de eso, conforme a la ley, esa empresa puede realizar tres tipos de acciones, tratándose de SA, en el marco de su asamblea anual, explicó.
Empresa puede realizar tres tipos de acciones, tratándose de SA
En primer lugar, puede hacer la distribución de utilidades. En esa hipótesis, tendría que pagar 8% de tasa con relación al IDU si es una empresa domiciliada en el país y 15% si está domiciliada en el extranjero. En segundo lugar, puede capitalizar esas acciones y la ley le da un plazo de 12 meses, para que formalice este trámite, aumentando la capital social. Dentro de 12 meses tiene que emitir las acciones, hacer todas las inscripciones correspondientes en la Dirección de Personas Jurídicas, ante la Abogacía del Tesoro, ante el Ministerio, etc. Si es que en 12 meses no se formaliza eso, la administración tributaria (DNIT) considera como que se distribuyeron las utilidades; entonces, la empresa tiene que pagar, indicó Otazú.
En tercer lugar, una SA puede hacer las reservas operativas o legales. Estas reservas son las utilidades que se pueden enviar a una cuenta en virtud de la cual las empresas pueden prever contingencias, herramientas, insumos, situaciones de pérdidas, etc. Varias pueden ser los motivos para tomar ese camino; pero tiene que hacerlo en asamblea general, añadió Otazú.
En cinco años hubo ganancia de 44 o 45 millones de dólares, según la observación de la DNIT. Hay sospecha de evasión. Este es el punto que aún se investiga. Según Otazú, la Fiscalía puede aún pedir otro tipo de informe para sacar sus conclusiones. Si la Fiscalía, donde la Contraloría ya remitió su informe, pide a la DNIT algún dato más, esta institución responderá lo que corresponda, añadió. Aparentemente, no hay constancia documental en las actas de la asamblea de las empresas en qué se usó esos montos.