Las sanciones de Estados Unidos violan el derecho a la presunción de inocencia, dice experta en derechos humanos, según publica la página oficial de las Naciones Unidas en internet, en su sección Noticias ONU.
«Estados Unidos lleva años imponiendo sanciones a personas y entidades sin jurisdicción penal nacional y en ausencia de jurisdicción universal», declara la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.
«Se trata de una clara violación del derecho a las garantías procesales, incluida la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo», afirma Alena Douhan, subrayando que estos derechos están garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado y debe aplicar plenamente, dice la experta.
«Las sanciones se dirigen contra individuos en el extranjero por presuntas actividades fuera de Estados Unidos, incluidas actividades que son legales donde ocurren», añade Douhan, que también señala que las sanciones secundarias ocurren cuando éstas se dirigen contra personas y empresas extranjeras por su presunta interacción con las partes penalizadas o por evadir los regímenes de sanciones.
Violación de derecho a la libertad de circulación
La relatora especial observó además que las sanciones estadounidenses suelen prohibir la entrada a Estados Unidos y congelar cualquier activo con conexión estadounidense, violando así los derechos a la libertad de circulación y a no ser privado arbitrariamente de la propiedad.
«El temor a las sanciones estadounidenses ha llevado a muchas empresas e instituciones financieras extranjeras a cumplirlas en exceso para reducir sus riesgos. Esto no hace sino empeorar el impacto de las sanciones sobre los derechos humanos», afirma la experta.
Douhan explica que los derechos humanos se vulneran cuando las prohibiciones comerciales de Estados Unidos contra determinados países penalizan a las empresas extranjeras por hacer negocios.
«Estas políticas afectan a los derechos laborales, a la libertad de circulación y a los derechos de las personas que pueden estar asociadas a estas empresas», ha asegurado, citando como ejemplo el daño causado a los individuos que dependen de los bienes o servicios de ciertas compañías, entre ellos, medicamentos y equipos médicos.
La experta cuestiona la compatibilidad de este tipo de imposición de jurisdicción extraterritorial con las normas internacionales de derechos humanos, e invitó a las partes interesadas a reflexionar sobre su significado en relación con el principio internacional de no injerencia en los asuntos internos, señala la publicación.
