Las fronteras paraguayas, de Norte a Sur y de Este a Oeste, están absolutamente permeadas y controladas por organizaciones delictivas para el paso de productos ilegales. Esto no es ninguna novedad y lo sabe hasta el menos informado de los compatriotas. Solamente así se explica que las calles y los mercados se inunden de productos de contrabando y que el Paraguay se haya convertido en un centro de acopio y distribución de drogas a nivel global.
A fines del año pasado la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) había expresado, a través de un comunicado, su preocupación por las terribles consecuencias del flagelo, y señalaba que existe un “vínculo mafioso” entre las autoridades y sectores económicos para fomentar el ingreso ilegal de mercaderías.
La Tribuna también se hacía eco por ese entonces, de la preocupación de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) sobre el grave daño que estaba causando a sectores de la producción el ingreso masivo de productos ilegales, provenientes principalmente de la Argentina y del Brasil. Se advertía también del tremendo fracaso de la Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando (UIC), a cargo de Emilio Fuster.
“No existe el pequeño contrabandista”, señalaba el gerente anticontrabando de la UIP, Edgar Cuevas, al explicar que los productos ilegales ingresan en cantidades pequeñas, pero son acopiadas en grandes depósitos y luego redistribuidas a los mercados. Todo con la complicidad de quienes deben controlar los pasos fronterizos.
A todas luces no existe la voluntad política para combatir este flagelo. La legislación paraguaya castiga el delito de contrabando con hasta cinco años de cárcel o con multa; tratándose del ingreso de productos de origen vegetal o animal, la pena se extiende de cinco a diez años. Pero, que se sepa, no hay ningún procesado por contrabando en el país, ni de que alguno haya ido a la cárcel por este delito. La causa es la misma de siempre, la protección de los padrinos políticos y la corrupción de los funcionarios responsables de los controles.
El contrabando no solo destruye puestos de trabajo, sino que alienta otras actividades ilegales. Las rutas de productos, al parecer inofensivos, son las mismas que utilizan las organizaciones criminales para transportar otras mercaderías ilícitas.
Es una cuestión de soberanía y de supervivencia del Estado la recuperación del control de las fronteras. Además de aplicar medidas severas para barrer con los esquemas de corrupción empotrados en la Aduana, la Armada, la policía y otros organismos, se debe también apuntar medidas correctivas como modificaciones de las medidas fiscales para que los compatriotas que se dedican a traer mercaderías para sobrevivir, aprovechando la diferencia de precios, puedan hacerlo formalmente y no estén a expuestos al chantaje de los funcionarios sinvergüenzas.
El problema de fondo siempre es la corrupción. No servirán de nada leyes ni la creación de más órganos de control mientras persista la impunidad. Es lo primero que hay que combatir.
