Solamente los que no tienen voluntad de hacer transparencia en la administración necesita una orden judicial para que lo haga. Pasa en el Instituto de Previsión Social (IPS) a quien la Contraloría pidió hace tres meses los documentos administrativos y no le da. Ahora la Contraloría acciona judicialmente para exigir al ente previsional que entregue lo solicitado.
Este miércoles, el contralor general, Camilo Benítez, solicito al juez Guillermo Trovato una medida cautelar para obligar al IPS que entregue informaciones, entre ellos, sobre la deuda de la institución con las farmacéuticas. Si el IPS se niega de nuevo, el contralor solicitará que los antecedentes pasen a la justicia penal.
El tema central que la Contraloría quiere investigar es que se le autorizó al IPS a endeudarse por un monto de 258 millones de dólares. El contralor, Camilo Benítez, dice que se impone que la administración de ese monto se haga con total transparencia. Entonces, desde noviembre que solicita a IPS la entrega de los papeles y la institución no responde.
De los 258 millones de dólares, de 212 millones corresponden a medicamentos y equipamientos quirúrgicos. Tanto los empresarios y los trabajadores, que son los dueños del IPS, necesitan saber el destino de ese dinero. La Contraloría también.
Entre los pedidos de la Contraloría se observan el monto total pagado por el crédito que supuestamente debe destinarse para el pago a las empresas proveedoras de medicamentos. Sin embargo, éstas no están recibiendo.
La Contraloría también pidió el listado de las empresas proveedoras, recibo de facturas, fecha de pagos, número de cheque, banco, orden de pago, copia de extractos bancarios, entre otros. Sin embargo, IPS no responde y ahora la Contraloría presiona pidiendo una orden judicial.
En definitiva, la Contraloría lo que busca es verificar si se hicieron las compras con ese dinero y como fueron realizados; porque si no hay documentos, se debe saber dónde fue a parar el dinero. Por eso también la Contraloría pide la nómina de los funcionarios que se encargaron de hacer las compras y si se pagó a una empresa y al resto no, como se rumorea, la Contraloría quiere saber cuál es el motivo por el cual se hizo tal discriminación.
