El polémico decreto del presidente de la República, Santiago Peña, que regula la distribución y venta de combustibles en Paraguay, ha generado malestar en el sector privado, quienes advirtieron con medidas e incluso una, amenaza con su salida del país, según se desprende de las declaraciones de directivos de la multinacional Shell. Por su parte, el ministro de Industria y Comercio afirmó que el decreto no distorsiona las condiciones de competencia de las firmas que comercializan combustible en el mercado interno.
El Gobierno, a través del ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, aclaró que el decreto emitido por el Ejecutivo para ordenar el combustible búnker, destinado a los remolcadores y que no paga impuestos, no cambia las reglas de competencia de las firmas que comercializan combustible en el mercado interno. El ministro Giménez señaló que el decreto apunta a ordenar la venta de un tipo de combustible muy específico, el denominado búnker, el cual va dirigido a la carga de remolcadores y representa el 5% del volumen total de combustibles. Además, indicó que al ordenar el sector se busca controlar mejor posibles evasiones impositivas que se podían estar dando dentro del mismo.
Por su parte, Luis Ortega, director ejecutivo de Raizen Shell en Paraguay, manifestó su total desacuerdo ante la medida adoptada por el jefe de Estado, cuya decisión calificó de inadmisible y consideró que el mandatario podría estar mal asesorado. Alegó que el documento aparentemente busca favorecer a la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), lo que motivó críticas por parte de diversos actores tanto del ámbito empresarial como político.
Advertencia de dejar el país
En ese mismo contexto, el ejecutivo de la Raizen Shell, amenaza que la medida adoptada por las autoridades del Gobierno, podría traer consecuencias negativas, incluyendo la salida de inversores internacionales y un aumento en la búsqueda de mejores ofertas de combustible fuera del territorio nacional por parte de la ciudadanía. El secretario de Estado de la cartera de Industria y comercio dijo que “lo que se estaba haciendo era que algunos importadores estaban trayendo el combustible búnker, sin pagar impuestos, para la carga de remolcadores, pero en realidad lo estaban vendiendo en el mercado interno, constituyendo eso una situación de evasión”.
Giménez también recalcó que el decreto se origina en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que descubrió inconsistencias entre el volumen que se importa para cargar remolcadores y la declaración de los litros que se cargaban en los mismos. Inmediatamente agregó que “la DNIT, con ánimo de combatir la evasión, establece que se pueda cargar este combustible que no paga impuestos en lugares que tengan las condiciones de infraestructura para hacerlo y controlar mejor”.
Severos cuestionamientos de la empresa
Mientras tanto, el empresario respondió con dureza, señalando: “Tuve una reunión con mis socios de Raizen y me dicen que hoy no es el Paraguay que vimos en su momento. Nos están cambiando las condiciones a cada rato. Volvemos a lo de siempre, haciéndole eficiente a una empresa del Estado por medio de decretos. Mis socios vinieron a un país donde las reglas estaban muy claras y de un día para otro, cambiaron”.
El ministro reconoció que le llama la atención y preocupa el tenor de las declaraciones de una marca líder del sector en Paraguay, como la firma Shell, cuyo representante amenaza que el decreto busca brindar condiciones de exclusividad a la petrolera estatal Petropar. “La preocupación del MIC es que las empresas compitan en un ambiente justo y legal, y que no haya distorsiones por parte de los actores de esta mecánica de competencia”, sentenció el ministro.
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