El procurador general de la República, Rodolfo Andrés Barrios Duba, informó que habló con el ex fiscal, Alejandro Nissen, y le dijo que el Estado le pagará la indemnización, en el plazo de un año, así como ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La Corte IDH condenó al Estado paraguayo a pagar por el caso de Nissen, 308.269,12 dólares americanos. Debe pagar USD 30.000 como indemnización, USD 243.000 por daño material y USD 15.000 por daño inmaterial. Además, el Estado paraguayo debe pagar USD 15.000 por costos y gastos de justicia y reintegrar USD 5.269,12 al Fondo de Asistencia a Víctimas.
El procurador explicó que Nissen recibirá 303.000 dólares. Hay pagos que el Estado debe hacer, pero no para Nissen si no por los gastos de juicio, entre otros, indicó.
El ex fiscal hizo la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que encargó de llevar el juicio ante la Corte IDH, hace 18 años. Ahora tiene el desenlace con la sentencia de la esta Corte que se nos comunicó el martes último, informó el procurador.
El representante del Estado recordó que el ex fiscal pidió inicialmente 4 millones de dólares de indemnización. Luego, continuando el proceso, la Corte IDH llegó a la conclusión de que le corresponde cobrar 303.000 dólares, señaló.
Informó también que el presidente Abdo le dio las instrucciones para que hable con Nissen -que ya lo hizo- y para que le diga que el Estado cumplirá la sentencia.
La Corte IDH responsabilizó al Estado paraguayo, en el caso Nissen, de la violación a la garantía de contar con un juez imparcial, de la transgresión al derecho de la protección judicial y de haber violado el derecho de Nissen a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad. Según el fallo de la Corte IDH, el Estado paraguayo es responsable también de la violación del derecho a la estabilidad laboral del ex fiscal.
Nissen fue destituido en el 2004 injustamente de su cargo cuando estaba investigando el uso de autos sin documentos por parte de las autoridades, dos de ellos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Luis Caballero Krauer y Oscar González Daher, y otro del ex presidente de la República, Luis González Machi.
