Los dos países grandes, Brasil y Argentina, aprietan a Paraguay para sacarle más dinero. Ahora Brasil reclama pagos a la ANDE y esta institución responde que los cálculos del vecino país están errados. Mientras que Argentina sigue cobrando a Paraguay el peaje fluvial a todas las embarcaciones que salen y entran a nuestro país.
La Empresa Brasilera de Participaciones en Energía Nuclear de Binacional (EnbPar), que es el distribuidor de energía de Itaipú del lado brasilero, pide que la ANDE pague unos USD 200 millones por una supuesta deuda. Argentina justifica el cobro de peaje y dice que es para mantenimiento de la navegación fluvial, lo que Paraguay rechaza porque dice que no hay contraprestación.
EnbPar envió una nota a Itaipú, el 29 de diciembre de 2023, a través de la cual alerta sobre la supuesta deuda que la ANDE tiene con la binacional y acusa a la ANDE “violar el tratado que rige las relaciones bilaterales en Itaipú”.
Supuestamente, la ANDE usa energía pagada por brasileros, lo que ANDE rechaza totalmente. En otra parte del documento, la empresa brasilera dice que la ANDE subcontrata menos energía de la consumida».
La Cancillería paraguaya ya respondió la nota brasileña señalando que Paraguay cumple con todas las cláusulas del contrato de prestación de servicios de energía eléctrica con ambas entidades adquirentes, por lo que es improcedente la solicitud de EnbPar, que se basa en interpretaciones erróneas.
El caso argentino
Al otro lado, Argentina no retrocedió ante el pedido de Paraguay de levantar el cobro de peaje a sus embarcaciones. Este pedido tuvo el apoyo de Bolivia, Uruguay y Brasil. La LVII Reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, bajo Presidencia Pro Tempore de la República Oriental del Uruguay se realizó el 26 de diciembre último, en la sede de la embajada uruguaya en Buenos Aires, Argentina.
En dicha reunión, Paraguay presentó su pedido apoyado por otros tres países. El pedido de levantamiento de cobro a las embarcaciones se basó en las disposiciones comunes vigentes del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, que precautelan la libertad de navegación y de tránsito por la Hidrovía de las embarcaciones, bienes y personas de los países signatarios.
Sin embargo, Argentina no hizo caso a la petición y fundamentó que el cobro obedece a la necesidad de mantenimiento del sistema de navegación sobre el río.
