El Congreso Nacional aprobó que habrá aumento de sueldo a funcionarios públicos a partir de julio de 2023, de diferentes maneras para diferentes instituciones. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda dice que puede retrasar la aplicación de esta ley para fines de año, porque la propia ley de presupuesto le otorga esa facultad.
El Ministerio de Hacienda reglamentó este viernes, por decreto 8759/2023, el presupuesto general de gastos de la nación para el ejercicio fiscal 2023. En la práctica, lo importante será lo que diga Hacienda y no la ley, porque ésta otorga facultad al Poder Ejecutivo a establecer en forma gradual los aumentos salariales, en coordinación con las instituciones.
«En el marco de lo dispuesto en el artículo 1294, de la Ley N° 7050/2023, el Poder Ejecutivo, a través del MH, una vez concluidos los procesos correspondientes, establecerá el mecanismo de aplicación para la incorporación de los reajustes salariales previstos en el presente inciso s) 183 FONDO DE RECATEGORIZACIÓN SALARIAL, que en ningún caso tendrá efecto retroactivo», establece el decreto 8759.
Sin embargo, como siempre, cuando se hace una reglamentación con alto contenido político, se deja las puertas abiertas para la discrecionalidad. En principio, la misma ley de presupuesto establece que los incrementos salariales comenzarán a aplicarse desde julio hasta noviembre, Hacienda puede aplicarlo, si ordena Marito, pero también puede invocar pocos ingresos a las arcas del Estado y fijar otras fechas, más a fin de año.
Lo cierto es que el presupuesto se estudió en plena campaña para las elecciones generales y la ejecución de la misma se hará cuando ya sea electo el nuevo presidente de la República que podrá pedir la reprogramación.
Las excepciones
Son llamativas las restricciones con sus excepciones a las reglas. Por ejemplo, el reglamento de Hacienda dice que hay restricciones a los nombramientos y aumentos salariales, salvo los que resulten de la aplicación de los concursos públicos. Hay prohibición de entrega de cupos de combustibles a autoridades del Estado, salvo los utilizados para el ejercicio de sus funciones. Hay prohibición de compra de alimentos, con excepción de aquellos destinados a servicios de salud, obreros de las empresas públicas y beneficiarios de programas sociales.
Es costumbre que, en la administración pública, se utilicen las excepciones como regla principal en muchos casos. Lo cierto es que tanto la ley de presupuesto como la reglamentación del Ministerio de Hacienda se hicieron más con criterio político que técnico.
En el presupuesto general de gastos de la nación, aprobado por el Congreso, está establecido para el 2023, un aumento de G. 351.000 millones en el gasto salarial, lo que financiará la creación de casi 2.900 cargos, así como reajustes para funcionarios varias instituciones, empenzando por el mismo Congreso, Registro Civil, UNA, Defensa Pública, Mades, Ministerio de Salud, entre otras.
