La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) ratificó, en la audiencia realizada en la fecha ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que el Estado paraguayo es responsable de actos de tortura contra el policía, Jorge Luis López Sosa, en el mes de mayo del 2000, cuando el ministro del Interior era, Walter Bower. La víctima pidió una compensación de 800.000 dólares y el procurador general del Estado, Rodolfo Andrés Barrios Duba, pidió el rechazo de todo pedido hecho por la misma.
Según la citada comisión, la denuncia hizo el entonces oficial inspector de la Policía Nacional, Jorge López Sosa, por detención ilegal, tortura y violación tanto de las garantías judiciales, como de la protección judicial en el año 2000.
Los hechos alegados ocurrieron en ese año cuando López Sosa era oficial inspector de la Policía Nacional. Su detención fue durante un estado de excepción en el gobierno de Luis Ángel González Macchi. No hubo detención por orden judicial sino solamente una constancia que no tiene ningún valor, prosigue.
La Comisión CIDH consideró que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos para prevenir y sancionar la tortura.
La víctima
Por su parte, la victima, Jorge López Sosa, relató que en mayo de 2000 había sido convocado a la Comandancia de la Policía Nacional. Luego fue remitido a la Comisaría 11ª, donde fue despojado de su arma reglamentaria, esposado, vendado, golpeado e interrogado sobre el intento de golpe de Estado contra Luis González Macchi, entonces presidente de la República.
Estando en la Comisaría 11, uniformado, estaban el comisario de apellido Pavón y otro de nombre Merardo Palacios y un oficial de apellido Vera. Le vendaron los ojos con papel y cinta de embalaje. Luego le echan al suelo y le pegan en el pie. Le preguntaron sobre hecho de golpe de Estado del día anterior y que no hubo ninguna orden judicial para su detención.
Procurador
El procurador general, Rodolfo Barrios Duba, estuvo en representación del Estado paraguayo. Dijo a la Corte IDH que se opone a las medidas solicitadas y que el oficial, López Sosa fue reincorporado a las fuerzas policiales y que el reclamo de 800.000 dólares carece de respaldo documental. Dijo que el Ministerio Público imputó a los responsables de las torturas y que el juicio sigue su curso. Los acusados eran 4 y falleció uno y quedaron tres. Que el oficial de policía sigue desempeñando su cargo y que ya ha superado todas sus secuelas sicológicas, si es que lo sufrió. Pidió que desestime todos los reclamos de la víctima.
La Corte IDH fijó hasta el 1° de marzo de 2023 para que el Estado paraguayo presente sus últimos alegatos, plazo improrrogable.
