La negligencia y hasta posiblemente esquemas de corruptela bien montados en los mecanismos de control y verificación del estado de transportes de cargas y pasajeros están provocando una verdadera epidemia de accidentes ruteros. En la Ruta PY02, con el nuevo trazado ampliado, obra de la cual el Gobierno se jacta en campañas publicitarias estentóreas, han ocurrido cuatro accidentes en un lapso de 15 días, con la evidencia de que los sistemas de freno de los vehículos involucrados -todos camiones de carga o pasajeros- fueron parte esencial de la causa debido a su falla en la bajada del Cerro de Caacupé.
DINATRAN y el Viceministerio del Transporte, y eventualmente las empresas verificadoras que trabajan bajo la figura de la concesión para la inspección vehicular de los transportes de cargas y pasajeros, tienen mucho que ver en esto. Miles de millones de guaraníes en el presupuesto público son destinados anualmente para tener en funcionamiento el sistema de la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) y el Viceministerio de Transporte, pero los resultados son de riesgos cada vez más altos en el tránsito por carreteras, más aún en las que como la Ruta PY 02, tienen condiciones para mejor circulación y abarcan zonas empinadas como las del Cerro de Caacupé.
En una investigación hecha por La Tribuna, que publicamos en la fecha, se pudo comprobar que varios de los camiones de gran porte tenían la habilitación vencida, incluso teniendo alrededor o más de 40 años de uso, lo que los vuelve aún más pasibles de desperfectos y fallas. Cualquiera que transite por dicha ruta, en la zona entre Itagua e Ypacaraí, podrán conocer el puesto de «control» que tiene DINATRAN para verificar habilitaciones y otras condiciones. Sin embargo, el hecho de que estos vehículos estuvieran circulando campantemente con habilitaciones vencidas, con sistemas de frenos ya obsoletos e ineficaces, deja al desnudo que no sólo hay ineficiencias en los controles y verificaciones vehiculares, sino es la punta de quien sabe qué enorme iceberg de corrupción empotrado en el sistema.
La burocracia pagada por el pueblo es enorme para que estén funcionando los órganos ligados al control del transporte de cargas y pasajeros: DINATRAN, Viceministerio de Transporte y últimamente también la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Sin embargo, la gente no recibe la seguridad que precisa en este ámbito. En cualquier momento, por esta corrupta y negligente actuación, una persona que transita por las rutas puede verse atropellado o involucrado en accidentes por bólidos en forma de chatarra que siguen circulando con la vista gorda de las autoridades. Autoridades que hoy deben rendir cuentas por la evidente inutilidad e ineficiencia en la aplicación de las leyes de control en el sector.
Los directivos de DINATRAN, el Viceministerio del Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial deben asumir frente a la ciudadanía esta responsabilidad. O deben irse, si no son capaces de cumplir sus funciones.
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