Hace 50 años La Tribuna, advertía a través de sus editoriales de la trascendencia del Tratado de Itaipú y el compromiso ante la historia que asumirían quienes estudien el documento. Así el editorial publicado el 28 de mayo de 1973, con el título de Itaipú y los legisladores, La Tribuna alertaba a los parlamentarios de entonces sobre la responsabilidad ante la sociedad y la seriedad y puntillosidad con que debía estudiarse “el instrumento cuyo alcance se extiende por un lapso de medio siglo, lo que significa que no solamente se juega el presente sino el futuro de varias generaciones”.

ITAIPÚ Y LOS LEGISLADORES


Destacábamos en comentarios anteriores la responsabilidad que le corresponde al Poder Legislativo en el caso del estudio del Tratado de ITAIPU. Lo hacíamos imbuidos de la trascendencia que tiene ese documento internacional para el futuro del país y de la relevancia que adquiere en casos como éste la función legislativa de ese Poder del Estado. Porque es en tales circunstancias cuando asume -dentro del juego democrático estipulado por la Constitución Nacional- la representación popular en el más amplio sentido de la palabra. Y son esos representantes del pueblo quienes, fieles a su mandato y al juramento formulado al asumir el cargo, tendrán que estudiar con el máximo de atención, conocimiento de causa y sentido de Patria las cláusulas de ese instrumento cuyo alcance se extiende por un lapso de medio siglo, lo que significa que no solamente se juega el presente sino el futuro de varias generaciones.


A las consideraciones que formuláramos sobre el particular, sumamos hoy las surgidas de nuestra profunda preocupación acerca de este punto de tan particular relieve para nuestro desarrollo y movidos por ella insistimos en el especialísimo tratamiento que debe darse a su estudio. No creemos que exista prisa alguna para tratarlo. Porque es necesario tener el mayor acopio no solamente de los datos técnicos que hagan relación con el documento, sino las opiniones de especialistas nacionales en cada uno de los puntos tocados por el Tratado.


Nos parece -con el respeto debido a la capacidad de los integrantes de las comisiones respectivas de ambas Cámaras- que en un caso como el que nos ocupa debe recurrirse al máximo de los exponentes del pensamiento nacional para que emitan su opinión de acuerdo con sus respectivos conocimientos. De esta suerte tendrán los legisladores otros elementos de juicio que les permitan
llegar a una conclusión sobre el particular y, consecuentemente, emitir su voto, que en estas circunstancias tiene un relieve excepcional.

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La formación de comisiones especiales de asesoramiento daría marco de mayor garantía para que cada legislador llegue al máximo de conocimiento sobre todos, y cada uno de los puntos de este instrumento internacional, tan complejo de por sí, por la materia que trata y por sus directas implicaciones en el futuro nacional.

Nuestra Carta Magna prevé, sabiamente, el mecanismo constitucional para el perfeccionamiento de un tratado internacional y da al Poder Legislativo la singular misión de estudiarlo exhaustivamente como representación directa del pueblo para evitar que cláusula alguna lesione los intereses de su mandante. Y solamente cumplida esta condición sine qua non se puede proceder a su ratificación.

Por todo ello reiteramos la responsabilidad de los legisladores y estamos decididamente en contra de toda postura que implique prisa o ligereza en el tratamiento del Tratado de ITAIPU. Los senadores y diputados de la Nación están frente a la historia. Su decisión, en esta oportunidad, será el patrón con que habrán de ser juzgados por la posteridad. Todo el pueblo a quienes representan
tiene la mirada fija en ellos, atento a que cumplan con su mandato y su juramento. Y no podrá, posteriormente, esgrimirse excusa alguna, porque la decisión tiene que ser fruto de una profunda convicción basada en el pleno conocimiento de la letra y del espíritu del documento y en el más desinteresado patriotismo.


De ahí la necesidad de un estudio exhaustivo en el que deberán ser tratados artículo por artículo, dado que en anteriores comentarios hemos señalado deficiencias que a nuestro juicio son elementales a los intereses de la nación.

No nos creemos depositarios de la verdad absoluta, pero eso sí, cuando opinamos lo hacemos con honradez, como paraguayos, y sin ocultar absolutamente nada, con la conciencia tranquila puesta al servicio de los supremos intereses nacionales, y creemos estar en lo cierto mientras no nos demuestren lo contrario.


Los legisladores deben agotar el tema para tranquilidad del pueblo y fiel al mandato que recibieran de quienes los llevaron a tan alta investidura.


Cuando opinamos sobre un tema de tanta trascendencia como el que nos ocupa debemos hacerlo con conducta, con moral y con honradez, porque solamente en esas condiciones podrá llegarse a algo positivo, porque no hay nada más cierto que para opinar y orientar una opinión pública hay que tener conducta y catadura moral.


Que hay en la vida más sabio que el reconocer y enmendarse de un error, recién ahí un hombre puede ser medido en toda su dimensión.


As. 28-V-73

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