Entró en vigencia el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2023. Finalmente el presidente, Mario Abdo promulgó la Ley, a pesar de que desde el mismo gobierno se advirtió de la fragilidad de la situación financiera del Estado y que el plan de gastos aprobado, representa una enorme carga para las finanzas públicas y para los contribuyentes.
El plan de gastos para el año que se inicia es de más de G. 105 billones, con una sobreestimación de ingresos tributarios por USD 26 millones y otros USD 26,5 millones para salarios, bonificaciones y otros gastos.
En los últimos días de diciembre, el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, proponía un veto parcial, pero finalmente recomendaron la aprobación, señalando que a través de decretos y herramientas de la administración financieras del Estado procurarían mitigar los impactos de los aumentos previstos en el presupuesto.
Según el viceministro de administración financiera, Marco Elizeche, una de las herramientas será implementar que los aumentos salariales, nombramientos y promociones para funcionarios públicos se den a partir del segundo semestre del año.
Está claro que lo que busca el actual gobierno es dejar el problema de su mala gestión al siguiente gobierno que asumirá en agosto.
La primera disposición del gobierno tras la aprobación del presupuesto fue el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), lo que repercutió inmediatamente en la suba del precio del gasoil.
ISC es uno de los impuestos más seguros de recaudar, porque la gente necesita movilizarse. Ante la necesidad de conseguir dinero, lo primero es aumentar impuesto, tal como se advirtió desde un principio.
“Esperamos que se tenga buenos ingresos y que la economía crezca, así como está prevista de manera a que eso atenúe el impacto que se tendrá en el presupuesto″, dijo Elizeche.
Esta es precisamente una de las preocupaciones del sector empresarial ya que la planificación del presupuesto se basa en una sobrestimación de los ingresos tributarios. En caso de no darse las condiciones que esperan las autoridades, para salvar este déficit se tendrá nuevamente que recurrir a endeudamiento y al aumento de impuestos, para cumplir con los compromisos.
En los dos casos, la carga recae sobre los castigados contribuyentes, que tienen que seguir manteniendo una pesada carga de aumentos para la burocariacia y para el funcionariado público, absolutamente ineficiente.
El gobierno que asuma en agosto se encontrará con unas finanzas públicas deficitarias y deberá hacer malabarismos para arreglar el descalabro que deja la administración de Mario Abdo Benítez.
