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viernes, 22 de noviembre de 2024
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Rige en Brasil reducción de tarifa de Itaipu y en Argentina el peaje para cruzar río Paraná

El consenso, requisito fundamental para dictar medidas en el Mercosur, dejó de funcionar. El 2023 se inicia con dos decisiones unilaterales: Rige en Brasil la reducción de tarifa de Itaipu y en Argentina el peaje para cruzar río Paraná. Ambos acorralan a Paraguay que reclama el cumplimiento del Tratado de Asunción. El primero que rompió el consenso fue Uruguay, al decidir unilateralmente negociar un Tratado de Comercio con China.

En Brasil, la reducción de tarifa de Itaipú fue resuelta por el gobierno de Bolsonaro, que decidió no participar del traspaso de mando presidencial. La reducción es de 38,9 %. Bolsonaro dejó la energía más barata como «herencia bendita» a su país.

Terminaron las internas simultáneas el 18 de diciembre en Paraguay y al día siguiente, el gobierno de Bolsonaro anunció la reducción de tarifa, mientras la Cancillería de Paraguay apenas 5 días después salió a decir que no existe tarifa consensuada para el 2023 y que las negociaciones continuaban.

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Ahora, el gobierno de Paraguay tratará con el gobierno de Lula modificar la decisión de Bolsonaro. Paraguay sigue con la tesis de no reducir la tarifa. El problema es que Brasil usa los fondos de Itaipú para financiar energía eléctrica para su gente, mientras que Paraguay usa los fundos también para eso, pero además para financiar infraestructura, como construcción de puentes, entre otras obras. Por lo menos, es lo que dice Itaipú, lado paraguayo.

Peaje sobre el río Paraná

Por otra parte, el 29 de diciembre, el Ministerio de Transporte de Argentina dispuso el cobro de 1,47 dólares americanos por tonelada de registro neto a los barcos paraguayos o de otras banderas que cruzan por el río Paraná, en el acceso al Puerto de Santa Fe hasta la altura del Km 1.238 del mismo cauce, zona de Confluencia. El cobro debe comenzar desde el 1° de enero de 2023. Este viernes, Paraguay, a través de la Cancillería, pidió a Argentina que suspenda el cobro.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay tomó contacto con las autoridades del vecino país a fin de suspender la aplicación de la medida prevista a partir del 1 de enero de 2023, en atención a que la situación no ha sufrido modificación y los argumentos manifestados por la contraparte paraguaya siguen vigentes. Tan pronto se conoció la información se invitó a los sectores nacionales involucrados a una reunión el lunes próximo a fin de evaluar los cursos de acción adicionales a ser definidos», dice un informe divulgado este 30 de diciembre por la Cancillería de Paraguay.

Paraguay pidió a Argentina la suspensión del cobro de peaje, porque encarecerán los productos de exportación e importación de este país. Sin embargo, la medida rige a partir del 1° de enero. El lunes 2 de enero, la Cancillería hará una reunión con los empresarios navieros.

El peaje se instaló en el tramo de navegación del río Paraná entre el puerto de Santa Fe (km 584) y la confluencia con el Río Paraguay (km 1238).

El caso Uruguay

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, anunció al inicio del mes de diciembre pasado por redes sociales que su canciller, Francisco Bustillo, acaba de presentar formalmente en Nueva Zelanda la solicitud de ingreso de Uruguay al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés).

El área de libre comercio a la que Uruguay pretende integrarse, tiene como socios a países como Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

La acción uruguaya no fue bien vista por sus socios del Mercosur (Paraguay, Argentina y Brasil), quienes horas antes de realizar la solicitud de ingreso al CPTPP, habrían recordado a los orientales de reservarse el derecho de adoptar eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial.

Ahora, la Presidencia Pro Témpore del Mercosur está a cargo de Argentina y aún no se conoce ninguna acción del bloque sobre la posición adoptada por Uruguay.