El legislador sostuvo que el gobierno puede replantearse la posibilidad de vender exclusivamente el excedente de energía de Itaipú a los propietarios de criptominerías a unos 70 o 75 dólares megawatt hora, en lugar de Brasil que paga menos de 20 dólares por megawatt hora. Las criptominerías ilegales causan a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) una pérdida de G. 6.000 millones al mes.
El presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro de la Cámara de Senadores, senador José Oviedo, sostuvo que el principal atractivo de los inversores de criptominería en Paraguay es el bajo costo de la energía y el nulo control de la ANDE para descubrir las minerías ilegales.
El legislador consideró que al ser un rubro que requiere una cantidad limitada de empleados y que mueve mucho dinero, debería pagar más por la energía. “No genera mano de obra. Consumen nuestra energía, sobrecarga nuestro sistema eléctrico. Vendamos bien nuestra energía para poder invertir en infraestructura eléctrica en el país” sugirió el Oviedo.
El senador afirmó que aumentarle la tarifa al sector es una alternativa ante el incremento de inversores de granjas de criptoactivos en el país. «Hay una pequeña lista de países donde están instaladas las criptominerías. Paraguay es un mercado virgen para ellos, les encanta porque hay energía muy barata» señaló.
La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado abrirá una mesa de trabajo para presentar un proyecto de ley que buscará establecer un mejor costo de la tarifa a los inversores de criptomineria y finalmente lograr mayor beneficio a la Ande.
Normas regulativas
La Cámara Paraguaya de Fintech presentará también a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca regular la emisión de activos virtuales financieros. El sector pretende que en el país se puedan realizar transacciones y pagos de todo tipo con las monedas virtuales.
En 2023 el Poder Ejecutivo vetó el proyecto anterior presentado por el gremio. Esta nueva iniciativa no incluye reglas para la habilitación de criptominerías propiamente, ni establece una tarifa para el cobro de la energía para las minerías, porque ya el sector que opera de forma legal cuenta con una independiente desde el año 2022.
Desde el sector esperan que los legisladores acompañen la regulación de los activos virtuales. Sostiene que se podrá luchar contra el lavado de activos ya que estarían involucrados el Ministerio de Industria y Comercio, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Superintendencia de Valores.
Consumo de energía
Fintech el grupo que aglutina al sector formal de la criptominería. está representado por Fernando Arriola, quien explicó que las criptominerías legales consumen unos 300 megawatts hora de energía. Esto equivale a casi la mitad de una turbina de Itaipú Binacional.
Detalló que del total de las 60 empresas formales, al menos 50 están conectadas al consumo de media tensión y 10 al de alta tensión. Pagan a la Ande entre 40 dólares a 51 dólares megawatt hora.
“Ese consumo provee al Paraguay de unos10 millones de dólares al mes de facturación, del cual 10% de eso es IVA. El país ya está ganando dinero por impuestos de esta inversión, agregándole alrededor de USD 275 millones en inversión directa en el país, en términos de insumos y maquinarias que también pagaron impuestos de importación, que redondean alrededor de USD 38 millones”, señaló Arriola.
Agregó que “el país en los últimos tres años recibió eso en materia de impuestos, que es fantástico, no hay ninguna industria que en tres años haya invertido tanto”.
En Paraguay, el mercado formal de la criptominería aún es pequeño, 60 empresas operan de forma legal en este rubro. Solo este año, la ANDE descubrió 11 puestos ilegales.
Las criptominerías ilegales causan a la ANDE una pérdida de G. 6.000 millones al mes. Estas 11 mineras ilegales descubiertas consumían alrededor de 33 megawattat hora, energía equivalente a todo el consumo de la ciudad de Pilar, según explicó Sosa. Además de estos 11 casos identificados, hay otras 60 denuncias por conexiones clandestinas en el Ministerio Público.
