Las autoridades nacionales decidieron unirse para perseguir y castigar a quienes roban electricidad para poner en marcha operaciones mineras de criptomonedas, generando pérdidas al Estado. Representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Administración Nacional de Electricidad (Ande) acordaron durante una reunión articular acciones conjuntas para combatir las conexiones irregulares en el suministro de energía.
Los entes estatales suscribieron el “Convenio de Cooperación Interinstitucional”, por cual llevarán a cabo un trabajo conjunto para la persecución y castigo de los mineros clandestinos. Se busca que los procesos judiciales contra los que roben electricidad para minar, culminen con la individualización y castigo de los responsables. En la actualidad no existe todavía ninguna regulación clara en cuanto al uso de criptomonedas en el país.
Las acciones de las instituciones del Estado para combatir este flagelo de las mineras clandestinas demuestra la creciente preocupación que existe por este modo de operar que se ha ido expandiendo desde el 2019, debido a las grandes ganancias genera esta actividad y la evidente complicidad de funcionarios y autoridades.
El presidente de la Ande, Félix Sosa, dijo que acordó con el fiscal general Emiliano Rolón y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, dar un «parate» definitivo a esta situación que perjudica a los usuarios.
El titular de Ande, aseguró que la criptominería se convirtió en los últimos meses en el principal problema para la distribución de la energía eléctrica, debido a que la mayoría de estas instalaciones son irregulares, conectadas directamente al cableado de la Ande. Existen mineras legales que fueron habilitadas por la Ande y cuyas actividades están reguladas y controladas, por la institución.
Intervenciones
«Este año descubierto 11 locales, que totalizan 33 megavatios (MW) de potencia. La ciudad de Pilar consume 27 MW, con todas sus fábricas», resaltó. Sosa reconoció que una infraestructura tan grande requiere mucha inversión y, por ende, hay riesgo en caso de ser descubiertos. «No sé si estaban tan seguros de que nadie les iba a molestar», dijo en relación con la posible complicidad de la Ande.
Desde 2019 hasta la fecha, se presentaron 60 denuncias penales contra mineros clandestinos. A todos se les trató con imputaciones e incautaciones de equipos en algunos casos. La Ande sostuvo que desde el año 2023 se ejecutaron 43 intervenciones, para una potencia total de 90 MW, lo que es 4 veces más la demanda eléctrica de la ciudad de Villarica, según cálculos del ente.
El operativo descubierto en Quiindy, ciudad con más de 21.000 habitantes, en el departamento de Paraguarí y cuya principal actividad económica es la fabricación y comercialización de pelotas de cuero, se convirtió en una potencia a nivel país de la criptominería ilegal.
Fueron hallados alrededor de mil doscientas máquinas que operaban las 24 horas, mediante un transformador que funcionaba de «pantalla» lograba justificar un consumo mucho menor al real, y que contaba con una conexión subterránea. La granja se habría robado el equivalente a entre 600 y 800 millones de guaraníes por día.
Protección política
La estatal de energía recientemente informó del desmantelamiento de una granja de criptomonedas la cual contaba con 723 equipos ASIC y 3 transformadores eléctricos que totalizaron 5.400 kVA.
Todos los aparatos servirán como prueba y actualmente están depositados para resguardo y custodia, a solicitud del fiscal interviniente.
El local funcionaba en un galpón cuyo número de contrato (NIS) es 2760978. identificación corresponde a Albino González Villalba, dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico, quien ocupó el cargo de director de la Administración Nacional de Navegación y Puertos y actual concejal municipal de Villa Elisa. En 2005, fue imputado por el delito de hurto agravado por extracción de tierras.
Un representante de la comunidad paraguaya de Bitcoin, Joaquín Morínigo, confirmó que el número de NIS corresponde a González Villalba. Morínigo afirmó que el partido PLRA tiene entre sus filas a mineros y promotores de la minería, como el senador Salym Buzarquis.
Minar criptomonedas no es ilegal
El presidente de la Ande, recordó que el negocio de la criptominería no es ilegal y que lo que sí es irregular es el robo de energía. El negocio de los establecimientos clandestino está en que, como el 90% de su costo operativo se basa en el consumo energético, al obtenerse prácticamente gratis, se disparan sus rentas. Precisó que hay sesenta procesos penales en curso contra responsables de granjas ilegales. “Existe una tarifa (para este tipo de actividades) que está en dólares y que pagan aproximadamente un 40% más que a tarifa regular. Hay 25 clientes que se encuentran trabajando en forma legal”, destacó Sosa.
Morínigo, de la comunidad de Bitcoin, indicó que, hasta ahora, la Ande solo concedió 50 contratos para empresas mineras de Bitcoin que operan de forma legal, pagando la tarifa correspondiente. Esa tarifa es de 65.000 dólares por garantía por cada MW que utilizan. Además recuerda que hay 5 contratos de 100 MW que permitieron a la Ande recaudar garantías por el orden de los 32,5 millones de guaraníes (USD 4.500). “Los otros 45 contratos que empiezan en 6 MW y también pagan la tarifa correspondiente para el grupo de alto consumo electro intensivo. Lo que me lleva a la pregunta, ¿qué está haciendo la Ande con todo lo que está juntando de los 50 contratos de los mineros? Porque es obvio que no lo están invirtiendo”, cuestionó Morínigo.
Criptomonedas, criptominería y su marco legal
El presidente Mario Abdo Benítez, vetó el proyecto de ley aprobado por el Senado en julio del año pasado para convertir la minería cripto en una actividad industrial. La falta de un marco regulatorio claro y el aumento de los costos operativos para la minería de criptomonedas ponen en juego el futuro de esta actividad emergente en el país. Las autoridades llevan a cabo redadas en granjas de minería que funcionan de forma ilegal. El gobierno emitió su primera condena por minería de bitcoin asociada al robo de electricidad, con una sentencia de dos años.
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