Siguen apareciendo personas dedicadas al robo de energía eléctrica en el Este del país, ya que en un operativo conjunto entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio Público y la Policía Nacional, se descubrió una conexión clandestina de energía eléctrica en el barrio Ysapy de Ciudad del Este, Alto Paraná. La verificación, realizada la semana pasada, reveló que el suministro irregular estaba alimentando a 10 procesadoras de criptomonedas sin ningún tipo de medición oficial.
A raíz del hallazgo, se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Unidad Penal N° 9 por el delito de sustracción ilegal de energía eléctrica, conforme a la Ley N° 7300/2024, que establece la protección del sistema eléctrico y permite la incautación de bienes vinculados a delitos relacionados. El fiscal Dr. Alcides Giménez lideró el caso registrado bajo la Causa N° 15.175/24 y ordenó el allanamiento de la propiedad.
Técnicos dedujeron que se trataba de un robo de energía eléctrica
Durante la inspección técnica, los funcionarios de ANDE detectaron una corriente promedio de 37 amperios por fase en baja tensión, lo que representaba una carga total de 24.42 kW. Este uso indebido de la energía generó un daño patrimonial estimado en G. 92.000.000. Los responsables del delito deberán abonar este monto, así como los costos de intervención y las multas estipuladas por la Ley N° 966/64.
En el operativo, La criptominera ilegal que contaba con 10 máquinas procesadoras de criptomonedas fue desmantelada y puestas bajo resguardo en la sede de ANDE, siguiendo la orden del fiscal. El éxito de esta intervención fue posible gracias al monitoreo constante que realiza la ANDE para detectar irregularidades que afectan tanto al sistema eléctrico como a las finanzas de la institución.
La ANDE destacó la importancia de la cooperación entre sus funcionarios, el Ministerio Público y la Policía Nacional para llevar adelante estas acciones. Asimismo, reiteró que el robo de energía es un delito grave en Paraguay, con penas que pueden llegar hasta 10 años de prisión, según lo estipula la Ley N° 7300/2024.
