El Senado sancionó el proyecto de ley que eleva las penas por robo de energía con hasta 10 años de cárcel. La conducta de sustracción de energía eléctrica anteriormente era castigada con hasta tres años de prisión o multa, ahora será castigada con multas y desde tres a diez años de cárcel. Además, se incluirá el comiso de los dispositivos utilizados en la sustracción.
El proyecto de ley aumenta la pena en casos graves, especialmente cuando el delito tiene fines comerciales, industriales o lucrativos. Afecta a la criptominería ilegal que perjudica a la ANDE.
El senador Juan Carlos Galaverna (h), vocero de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, fundamentó el dictamen mayoritario que aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
El legislador explicó que Diputados introdujo modificaciones al proyecto, convirtiéndolo en una ley integral que tiene como objetivo regular la protección del sistema eléctrico y garantizar la regularidad en la distribución, transmisión y suministro de energía eléctrica.
Además, explicó que el proyecto de ley establece que todos los bienes incautados y decomisados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) deberán ser entregados a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Se incautarán hasta los ingresos mal habidos
El proyecto sanconado establece que los ingresos provenientes de la venta anticipada de los bienes incautados, así como las multas de los bienes sujetos a decomiso, los rendimientos financieros, el dinero en efectivo y los productos de la subasta de los bienes serán destinados a la ANDE.
Galaverna detalló que el proyecto establece que, en casos de sustracción ilegal de energía eléctrica, las penas van desde multas hasta una pena privativa de libertad de tres años, y se eleva a hasta 10 años en casos graves. Además, introduce definiciones de «baja tensión» y «media tensión».
Por su parte, el senador proyectista Ever Villalba expresó su desacuerdo y fundamentó que la Cámara de Diputados modificó sustancialmente el proyecto de ley y propuso ratificar la versión original del Senado. Esta propuesta fue respaldada por sus colegas Enrique Salyn Buzarquis, Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez y Celeste Amarilla. Sin embargo, no tuvieron eco favorable.
Por su parte, los senadores Lilian Samaniego, Natalicio Chase, Basilio Núñez y Dionisio Amarilla apoyaron la versión de Diputados «por buscar un enfoque más integral».
El proyecto pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación
Tras el debate, la Cámara de Senadores no logró obtener los votos necesarios para ratificar su versión inicial del proyecto. Por lo tanto, se ha aprobado el texto propuesto por la Cámara de Diputados, que será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o rechazo según el procedimiento establecido.
El proyecto de ley surgió de la fusión de dos iniciativas, una del Poder Ejecutivo y otra del senador Ever Villalba. La senadora, Yolanda Paredes criticó a la Cámara de Diputados por excluir un artículo que se refería a la responsabilidad de los funcionarios públicos. El proyecto anterior del Senado (modificado por diputados) decía que si el que comete o sea responsable del robo de energía es un funcionario público, eso constituiría un agravante. Sin embargo, los diputados eliminaron este punto y así quedó sancionado por la mayoría del Senado.
