El Estado de la República del Paraguay fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tener «responsabilidad internacional» en la violación de los derechos humanos, y especialmente del derecho a la vida y a la libertad de expresión, en perjuicio del periodista Santiago Leguizamón Zaván. Después de 31 años, y después de que el sistema judicial en nuestro país haya fracasado en proveer de justicia en este horrendo crimen, finalmente se logra esta condena.
Se trata de un fallo histórico y ejemplar que debiera ser un toque de atención para las autoridades nacionales: las que han dirigido el país en las últimas tres décadas, las que lo gobiernan hoy y las que ejercerán ese gobierno en el futuro. Se precisa un golpe de timón patriótico, comprometido, para sacar al Paraguay de esta pendiente peligrosa que nos lleva a ser un estado fallido, un estado en el que la violaciòn de DDHH se normaliza, un estado que abdica de sus responsabilidades y es avasallado por los poderes fàcticos del crimen organizado.
Fue el crimen organizado, la mafia fronteriza, precisamente, la que dio aquèl golpe alevoso contra la libertad de expresión al asesinar a Santiago Leguizamón el 26 de abril de 1991. No por casualidad se escogió esa fecha, la de celebración del Día del Periodista, para cometer un crimen terrible y enviar un mensaje amedrentador para el periodismo y la sociedad toda.
El crimen perpetrado quedó en la total impunidad. La familia del periodista, con los años y con apoyo de gremios locales y la Sociedad Interamericana de Prensa, finalmente planteó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que impulsó el juicio ante la Corte Interamericana.
En este momento, estamos ante el fallo trascendental que no solo hace presenta el sentido de justicia, sino también aporta una serie de medidas de reparación en torno al caso. Entre ellas, son significativas las que comprometen al Estado paraguayo en proporcionar medios adecuados para la prevención, protección y asistencia en casos de violencia contra periodistas. En los últimos 30 años, un total de 20 periodistas y comunicadores sociales fueron asesinados en nuestro país, y se han registrado màs de 600 casos de violencia contra el sector, según cifras de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay. Se trata, entonces, de un problema crónico que el Estado no ha apuntado a resolver con seriedad. Y hoy està obligado a hacerlo por la imposición de una sentencia internacional, cuyo incumplimiento puede generar nuevas y mayores responsabilidades internacionales.
De una buena vez, las autoridades deben comprometerse a combatir al crimen organizado, perpetrador de la mayoría de estos crìmenes. Pero lamentablemente, la mirada esquiva, la actitud indolente y las acciones zigzagueantes que se notan en la conducción del país -y que vienen siendo muy similares incluso desde otros períodos de gobierno- no dan argumentos a la esperanza sino al pesimismo.
El asesinato de un periodista es un crimen contra la sociedad, contra la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la sociedad. Por eso, la sociedad tiene que levantar su voz y reclamar que sus autoridades asuman de una buena vez la responsabilidad real frente a este flagelo y no se escuden en excusas vanas ni argumentos pueriles. Ojalà esta sentencia histórica sirva para sacar a las autoridades de esa modorra que desinstitucionaliza al Estado y lo termina convirtiendo en violador serial de derechos humanos fundamentales.
