El proceso para la designación del nuevo Fiscal General del Estado llega a su etapa final. Los ternados, Cecilia Pérez, Gustavo Santander y Emiliano Rolón, cada uno a su turno mantuvieron, el pasado lunes, una entrevista con el presidente Mario Abdo Benítez, quien deberá decidir por uno de los tres y remitir la propuesta al Senado, que a su vez debe refrendar la designación.
Se sabe que la elección de la principal autoridad del Ministerio Público es una decisión política y que todos los sectores quieren una Fiscalía independiente en el discurso, pero en la realidad buscan uno a la medida de los intereses sectoriales.
En esta ocasión la terna salida del Consejo de la Magistratura no tuvo mayores cuestionamientos de las fuerzas políticas. Tampoco el proceso de selección tuvo mayores sobresaltos y se realizó con una relativa transparencia.
Mucho antes de que se inicie del proceso de selección, a través de nuestros editoriales, advertimos de la intención desde el Palacio de López de lograr la designación de un Fiscal General que responda al Presidente Mario Abdo Benítez, como una garantía para evitar procesos e investigaciones, para cuando el próximo año abandone el poder.
Aunque no pretendíamos jugar de adivinos, los hechos están demostrando que nuestras presunciones no estuvieron erradas. En la terna se encuentra una de las candidatas del Poder Ejecutivo.
Aunque, en los últimos días surgieron versiones de un tire y afloje sobre quién será finalmente designado, lo más probable es que la pulseada la gane la candidata de Mario Abdo. Y según trascendió se espera que para el jueves 15 ya esté definido, quién finalmente reemplazará a Sandra Quiñónez en la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio Público es la institución clave para el combate a la corrupción, una de las mayores preocupaciones a nivel global en la actualidad y que en nuestro país se ha convertido en un verdadero cáncer.
El Ministerio Público en Paraguay no ha escapado al cáncer de la corrupción. Se sabe que los agentes destacados en las ciudades fronterizas, experimentaron un crecimiento patrimonial que nunca podrían justificar con sus salarios. Igualmente, numerosos groseros casos de corrupción de funcionarios públicos quedaron impunes por la inacción de los fiscales responsables de las investigaciones.
No se puede ignorar que el nombramiento de un Fiscal General del Estado, en nuestro ordenamiento republicano, es el resultado de negociaciones políticas. Así las cosas, quien resulte designado, innegablemente saldrá con algún tipo de compromiso con sectores políticos determinados. Pero una vez, en el cargo deberá recordar que el mayor compromiso es con la sociedad paraguaya.
Con estos antecedentes, no queda más que esperar que el próximo Fiscal General del Estado tenga una alta dosis de patriotismo y una gran solvencia moral, para desempeñar sus funciones apuntando hacia una relativa independencia. Solo así se podrá mejorar la imagen de la institución (tan deteriorada por cierto) y recuperar la confianza de la ciudadanía, tal como prometieron los candidatos en las audiencias públicas.
