Ningún gobierno, sea de la ideología que fuera, merece estar un minuto en el poder desde el momento que coarta la libre expresión, la libertad de prensa, el derecho a la organización y las libertades públicas. El alto comisionado de las Naciones Unidas denunció las violaciones que está soportando el pueblo de Nicaragua, por lo que Daniel Ortega no merece estar en la administración del país.
Bajo el gobierno de Ortega, las seguidas represiones lograron su objetivo: Unas 1.578 organizaciones hayan sido forzadas a cerrar desde 2018. Ese año, justamente, la ciudadanía salió a las calles para reclamar reformas democráticas, y como respuesta el poder político reaccionó con mucha más violencia.
En Nicaragua, muchos opositores fueron detenidos en régimen de incomunicación durante más de 90 días y algunos en régimen de aislamiento prolongado, con visitas restringidas. «Estas condiciones suponen un riesgo real para su integridad física y psíquica, y pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o incluso llegar a la tortura», expresan preocupados y con razón funcionarios de las Naciones Unidas.
Ante las graves violaciones a los Derechos Humanos, el Consejo Permanente de la OEA, que depende directamente de la Asamblea General, ya instó al gobierno de Nicaragua a liberar a todos los presos políticos y aceptar una misión de alto nivel de buenos oficios con el objetivo, entre otros temas, de realizar elecciones anticipadas con observación internacional. Sin embargo, hasta ahora hay oídos sordos al pedido internacional.
La Comunidad Internacional debe reaccionar con mayor dureza ante el atraco que hay sobre el pueblo de Nicaragua. Ya no se puede permitir que gobiernos que dicen ser de izquierda, o de derecha, manoseen las libertades individuales y sociales. La esencia de la democracia es la libertad y eso no asume Ortega, por lo que su liderazgo debe ser seriamente atacada hasta que deje el poder o devuelva las libertad que secuestró del pueblo.
