La nueva ley de suministros y contrataciones públicas, promulgada hoy por el Poder Ejecutivo, otorga importancia a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para proveer al Estado de insumos. Las empresas de estos niveles tendrán participación en procesos de menor cuantía e inclusive exclusividad para contrataciones nacionales, según el nuevo instrumento jurídico.
Las mipymes a partir de ahora podrán hacer negocios con el Estado, siempre que cumplan los requisitos formales, como la inscripción en el registro de proveedores, entre otros. Inclusive, las mipymes podrán hacer trabajos de consultorías al Estado, según la ley.
La nueva Ley reemplaza a la Ley de Contrataciones Públicas del año 2003, vigente hasta ahora.
Según explicó el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, la nueva ley prevé mayores controles y sanciones en los procesos de suministros y contrataciones públicas. La misma se enmarca dentro de las reformas de gasto público, las leyes relacionadas con la responsabilidad fiscal, entre otras normativas, indicó.
Gremio celebra
Guillermina Imlac, presidenta de ASOMIPYMES, señaló que la nueva ley de suministros y contrataciones públicas trae beneficios para el sector. «Con esta nueva ley vamos a poder proveer más al Estado, y lo mejor es que el pago será a 30 días. Ese es uno de los más grandes logros. Realmente beneficia a los emprendedores, en comparación con la ley anterior», agregó.
Medidas
Otro aspecto de la ley es que establece sanciones a las empresas o personas que no cumplen con los procedimientos. Uno de los puntos que llama la atención es que, según Llamosas, se prevé evitar que las autoridades de alto rango y sus familiares sean proveedores del Estado. Cosa muy difícil de que se evite, teniendo en cuenta que siempre hay vínculos entre muchos proveedores del Estado y familiares que trabajan en instituciones públicas.
La ley prevé la inhabilitación de quienes no pueden participar de una licitación por razones de vinculación con funcionarios. Sin embargo, en la práctica, el familiar de un funcionario no suele aparecer directamente sino otras personas del circulo de éste.
Para las empresas que no cumplen con el Estado se amplía de tres a cinco años el tiempo máximo de sanción.
La ley prevé un sistema de información de proveedores del Estado que incluye datos de los inhabilitados para contratar con las instituciones en un registro unificado para la optimización de controles.
La nueva ley fue proyectada en la misma Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en el 2020. Luego pasó por el Congreso Nacional, aprobaron las dos cámaras y el Poder Ejecutivo promulga ahora.
