Con la aprobación en Diputados de un proyecto de Ley que rechaza una donación de la Unión Europea para la educación saltó de nuevo al debate el tema de la merienda escolar. Los defensores del acuerdo con la comunidad europea sostienen que el rechazo afectaría la provisión de la merienda escolar a cientos de escuelas.
Según datos del Ministerio de Educación todos los años se invierten unos 110 millones de dólares para la merienda y el almuerzo de los niños de la educación escolar básica. Sin embargo, la provisión no alcanza a todos los alumnos, ni siquiera cubre todos los días del año.
Según la misma fuente se necesitan en total 380 millones de dólares, para alimentar a 1.500.000 alumnos, de los sectores más vulnerables. Esto significa, que el programa ni siquiera llega a la totalidad de los niños que necesitan de la merienda en las escuelas.
El programa de Complemento Nutricional fue creado por ley para mejorar el rendimiento de los alumnos, luchar contra la deserción y la repitencia escolar.
Está comprobado que la alimentación escolar es sumamente sensible en las áreas más pobres del país. Los maestros y directores reconocen que los alumnos no faltan a clases, cuando saben que van a merendar o almorzar en la escuela.
La ración de desayuno y almuerzo escolar garantizan que haya menos ausencia en las clases y además los alumnos aprovechan mejor las lecciones, señalan los profesores. “Nadie puede aprender con el estómago vacío”, sostienen los maestros.
Pese a su importancia, desde sus inicios la merienda escolar se constituyó en el foco de la corrupción, fuente de enriquecimiento de los políticos y su entorno. Desde su aplicación, saltaron denuncias de sobrefacturación, alimentos de mala calidad, baja cobertura y numerosas irregularidades en la ejecución de los programas.
En el 2012, por la Ley 4758 se creó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. La propuesta era destinar una parte de los fondos provenientes de la cesión de la energía de Itaipú al Brasil, a los gobiernos departamentales y municipales y que éstos a su vez destinen los recursos para mejorar los locales educativos y la alimentación escolar.
Unos pocos municipios hicieron buen uso de estos recursos. Sin embargo, en la mayoría de los casos fueron la “mina de oro” de concejales e intendentes y gobernadores, quienes se enriquecieron a costa de la merienda de los niños. Groseros casos de corrupción fueron denunciados, pero todos quedaron impunes por la inutilidad y la complicidad de los organismos de justicia.
Según la misma Contraloría General de la República en el año 2021, 9 gobernaciones y 160 municipalidades no ejecutaron el 30% del gasto presupuestado para almuerzo escolar.
La pobreza en el país es real y tiende a acrecentarse. Numerosas familias en las zonas rurales y en las periferias de las ciudades no tienen cómo alimentar a sus hijos.
Lo que deja en evidencia, los debates en Diputados y en las redes sociales sobre el tema de la educación y la merienda escolar es el desconocimiento de la realidad del país de los mismos parlamentarios, la desinformación, la falta de transparencia y la corrupción en el uso de los recursos destinados a la educación.
Es de esperar que al poner en el foco la educación y el complemento nutricional para los niños, también se exija a las autoridades mayor transparencia y mayor eficacia en el uso de los recursos destinados para el sector.
